PATRICIA GIOVINE / EFE

Un juez federal condenó ayer a 10 meses de prisión a Santiago Alvarez, el principal benefactor de Luis Posada Carriles, por obstrucción a la justicia, tras negarse a declarar sobre la entrada ilegal del exiliado anticastrista a Estados Unidos.

La condena incluye también dos años de libertad supervisada y una multa de $2,000.

El juez David Briones condenó también a Osvaldo Mitat a ocho meses de prisión y dos años de libertad supervisada, y a Ernesto Abreu a dos meses de cárcel, dos años de libertad condicional y cinco meses de arraigo domiciliario.

Mitat, de 65 años, y Abreu, de 45, comparecieron ante el magistrado vestidos de traje oscuro y en contraste con ellos Alvarez, de 66, acudió esposado y con el uniforme penitenciario.

Briones ordenó a Mitat y Abreu presentarse a una cárcel de Miami para iniciar su sentencia el próximo 4 de abril, mientras que la condena de Alvarez por estar ya bajo custodia comienza a contarse desde el pasado 31 de enero.

La defensa de Alvarez solicitó al juez que lo sentenciara a menos de 12 meses, porque una condena mayor dificultaría la posibilidad de que el empresario cubano pueda acogerse a la Convención Internacional contra la Tortura y evitar ser enviado a Cuba.

Alvarez es residente permanente de EEUU y se encuentra detenido como parte de un proceso de deportación iniciado en su contra por una condena previa por posesión de armas.

Briones dijo al abogado del exiliado que había muchos cubanos detenidos en el país porque no les pueden deportar a Cuba, a lo que la defensa replicó que si una tercera nación aceptaba a Alvarez se corría el riesgo de que fuese enviado a la isla caribeña.

''Fidel Castro conoce de nombre a Santiago Alvarez, si lo mandan a Cuba lo van a ejecutar'', afirmó el letrado Gary Weiser.

Al terminar la audiencia, Weiser dijo que Alvarez perdió su estatus migratorio por la sentencia de posesión de armas, un delito agravante.

Los fiscales federales manifestaron al magistrado que el cubano merecía la condena máxima por ser el ''centro de una conspiración'', ya que por instrucciones de él los otros involucrados no quisieron declarar ante un gran jurado en enero del 2007.

Ese delito acarrea una sentencia de hasta 10 años de prisión, pero la fiscalía federal solicitó una condena de dos a dos años y medio de cárcel, al tener en cuenta que los acusados ''aceptaron su falta'', según un documento judicial.

''Lamento mucho que estos hombres sacrificaron su libertad por Posada Carriles. No creo que Posada Carriles mereciera su apoyo'', concluyó el magistrado.

El juez condenó a 10 meses de cárcel a Alvarez y pidió a la fiscalía que explicara la razón por la que el gobierno de Estados Unidos perseguía ''con tal agresividad'' a estos cubanos, tras cuestionar si los motivos estaban relacionados con el hecho de que el nombre de Posada se encontraba de por medio.

Paul Ahern, fiscal federal, aseguró que el motivo de buscar sentencias más amplias para los acusados se basó en que se trataba de una conspiración liderada por Alvarez con perjuicio para la acción de la justicia.

Los fiscales presentaron como parte de las pruebas dos grabaciones en las que Alvarez, desde un centro penitenciario en Florida, instruía a Abreu y a Rubén López Castro, otro colaborador de Posada, a no declarar sobre un viaje en el barco Santrina para ''salvar a Luis'', al decirles que ya había contratado abogados y que sería la palabra de cinco contra uno (el testigo de Estados Unidos).

Alvarez fue acusado junto a Mitat, José Pujol y López Castro de desobedecer una orden judicial para testificar sobre la entrada ilegal de Posada Carriles en el 2005.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Posada, nacionalizado venezolano, de mentir al declarar que entró al país en el 2005 por Matamoros, en la frontera de México con Bronsville.

Y alegaron que Posada ingresó a EEUU en el Santrina, propiedad de Alvarez, tras embarcarse en Isla Mujeres, unos doce kilómetros al norte de Cancún (México), para viajar a Miami.

Weiser informó que su cliente será trasladado a Miami para que cumpla con su sentencia y que en esa ciudad se llevará a cabo su proceso migratorio, en tanto que Pujol y López Castro serán sentenciados el próximo 13 de marzo.

Cuba y Venezuela acusan a Posada Carriles de actos terroristas y Caracas ha solicitado su extradición.