ELIZABETH FULLERTON / Reuters
 CIUDAD DE MEXICO

 En México, si se es un empresario o un político millonario acusado de delitos, se contrata a un famoso abogado o se soborna a las autoridades para librarse de
 problemas.

 Al menos esa es la amplia percepción que el presidente, Vicente Fox, quien asumió en diciembre prometiendo luchar contra la corrupción, ha buscado combatir con
 limitado éxito.

 En estos dos meses, el ex ministro Oscar Espinosa y el ex banquero Carlos Cabal Peniche fueron extraditados a México por acusaciones de fraude que involucran
 millones de dólares. Ninguno de los dos ha pisado la cárcel.

 "Esto es una ofensa para cualquier mexicano'', señala el analista Lorenzo Meyer sobre la libertad de la que gozan ambos personajes ante la gravedad de las
 acusaciones en su contra.

 Los mexicanos eligieron a Fox en las elecciones de julio del 2000, con lo que pusieron fin a 71 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado corrupto y estancado.

 Fox prometió crear una comisión para investigar crímenes no resueltos como el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, y un
 rescate bancario de $100,000 millones, visto por muchos como un salvataje del gobierno a sus amigos millonarios a expensas de los mexicanos.

 Pero los planes para una comisión que investigue los oscuros secretos de los regímenes del PRI parecen haber quedado en el olvido, en lo que analistas han visto como un compromiso pragmático de Fox frente a un Congreso dominado por la oposición.

 Los casos de Espinosa y Cabal son una prueba clave para Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), para demostrar que figuras del ámbito empresarial y político pueden ser enjuiciados en México.

 Espinosa fue extraditado de Nicaragua en agosto por cargos de peculado por unos $45 millones durante su gestión de 1994 a 1997 como ex alcalde de la ciudad de México en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.

 El caso aún está en proceso, pero al igual que el ex banquero Cabal, Espinosa cuenta con un amparo que suspende una orden de aprehensión en su contra.

 Cabal, ex presidente de los fallidos Banca Cremi y Banco Unión, regresó a México el mes pasado desde una cárcel de Australia para enfrentar 15 acusaciones de delitos bancarios y fraude fiscal, que involucran unos $700 millones.

 De los 15 cargos en contra de Cabal, 13 se han desvanecido debido a que las autoridades financieras mexicanas no entregaron a tiempo las pruebas o integraron mal las acusaciones. La Procuraduría General de la República ha apelado las 13 órdenes de libertad que obtuvo Cabal.

 Legisladores de los tres principales partidos políticos reclaman una investigación del manejo del caso por parte de ex funcionarios del PRI.

 El gobierno intervino los bancos de Cabal como parte de un costoso rescate del sistema financiero mexicano que estuvo al borde del colapso tras la devaluación del peso en 1994.

 La semana pasada, Cabal dijo en su primera conferencia de prensa desde su regreso a México que bajo la administración de Fox sus posibilidades de tener un juicio justo habían mejorado.

 Pero los expertos no creen que haya habido cambios en el sistema de justicia mexicano desde que Fox asumió el poder.

 "No ha habido evolución en la ley para evitar la impunidad'', dijo Arturo Zamora Jiménez, titular del Instituto de Ciencias Penales, con sede en la occidental ciudad de Guadalajara.

 "Las lagunas en la interpretación siguen existiendo y desafortunamente benefician con frecuencia intereses que ciertamente no son los de la justicia'', agregó.

 Experimentados abogados contratados por personas como Espinosa y Cabal toman ventaja de errores técnicos de las autoridades para que sus clientes sean absueltos, explicó.

 "Ya sea por ignorancia o por fraude, las autoridades han permitido que oportunidades importantes pasen de lado para arrestar a estas personas'', dijo Zamora.

 El abogado de Cabal, Alberto Zinser, dijo que la debilidad del sistema judicial mexicano deriva de problemas de presupuesto.

 "El sistema de justicia federal necesita más fondos (...) y es fundamental que un asunto tan importante como la ley no esté limitado en sus objetivos básicos por el
 dinero'', dijo.

                                 © 2001 El Nuevo Herald