Mano política analizan en caso Gerardi
ERIC SALAZAR MONZON / EFE
CIUDAD DE GUATEMALA
La Fiscalía de Guatemala reforzó ayer la tesis del crimen
político como causa
del asesinato del obispo Juan Gerardi, al desvincular del hecho a la
delincuencia
común y evidenciar la presencia de agentes del Estado en la
escena del crimen.
Tres peritos y dos testigos comparecieron ante el Tribunal Tercero de
Sentencia
en la cuarta jornada de debates del juicio, abierto formalmente el
pasado 23 de
marzo.
El experto en dactiloscopia del Ministerio Público (MP) o Fiscalía,
Alfredo
Muñoz, explicó los análisis de una serie de huellas
halladas en la casa
parroquial de la iglesia de San Sebastián que elaboró
entre el 29 de abril de
1998, tres días después del brutal crimen, y el 9 de
junio del mismo año.
El capitán Byron Lima Oliva está acusado de haber llegado
a la casa parroquial
de San Sebastián momentos después de la hora en que supuestamente
se
perpetró el asesinato, que según los exámenes
forenses se produjo hacia las 10
de la noche del 26 de abril de 1998.
Le acompañaba, según la acusación de la Fiscalía,
Villanueva, quien antes del
hecho habría advertido a unos indigentes que dormían
en el pórtico de la casa de
que se iba a producir una muerte y que si permanecían ahí
también podían morir.
Ambos, que llegaron vestidos de negro, protegidos con guantes de plástico
y
con una cámara de vídeo, entraron a la casa parroquial,
donde manipularon la
escena del crimen y movieron el cadáver de Gerardi.
Mientras, tanto los testigos Helen Mack y Fernando Penados coincidieron
en
señalar la presencia de dos miembros del Estado Mayor Presidencial
(EMP), un
cuerpo de elite del Ejército, en la casa parroquial de San Sebastián
horas
después del crimen.
Uno de los sujetos, a quien Penados dijo que identificó posteriormente
como
Rubén Darío Morales, tomó fotografías del
cadáver y del área cercana.
El otro, cuya identidad no proporcionaron los testigos, permaneció
dentro de la
casa, adonde entró haciéndose pasar como miembro de la
escolta del entonces
director de la Policía Nacional Civil, Angel Conte.
El fiscal Zeissig reconoció que la presencia del fotógrafo
del EMP en la casa
parroquial es un ``hecho importante que ha salido a luz pública''.
En el momento del asesinato de Gerardi, obispo auxiliar y vicario general
de la
Archidiócesis de Guatemala, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva
estaban de
alta en el EMP, cuya función principal es proteger al presidente
y su familia,
situado a casi 200 metros de la parroquia de San Sebastián.