El gobierno resolvió pagar la recompensa al guerrillero que mató a Iván Ríos. ¿Será que el fin sí justifica los medios? ¿Es esto revivir el viejo oeste norteamericano?
Por César Paredes

“Se busca, vivo o muerto” anunciaban los avisos del lejano oeste. Una foto del rufián acompañaba el monto de la recompensa. Era la manera en que los alguaciles estimulaban la delación y asesinato de los villanos o la oportunidad para que un “caza recompensas” ganara una buena suma de dinero. Pero era una época en que no se había consolidado el Estado de Derecho y en la que imperaba la ley del más fuerte.

La consigna no murió allí. En Colombia se utilizó cuando el gobierno buscaba los capos del narcotráfico. La revivió también la enconada lucha de EE.UU contra el terrorismo después del atentado del 11 de septiembre, cuando el presidente, George W. Bush, al referirse a Osama Bin Laden, dijo que su gobierno “defendería la libertad a cualquier precio”.

El Ministerio de Defensa acaba de anunciar que pagará la recompensa a Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, un guerrillero que mató y le quitó una mano a Manuel de Jesús Muñoz, alias Iván Ríos , quien era su jefe y un miembro del secretariado de las Farc.
La recompensa se repartirá entre Rojas, quien obtendrá la mayor parte, y otros tres guerrilleros. El viejo lema de la conquista del oeste norteamericano volvió a validarse, aunque la recompensa que anunciaban las autoridades era por el suministro de información que diera con la captura de alguno de los guerrilleros y no por su asesinato.

Con la noticia de que ‘Rojas’ había asesinado a Ríos, el general Fredy Padilla anunció que el gobierno tenía el dinero y la voluntad para pagar la recompensa. Pero no calculó la disyuntiva ética en la que el gobierno se enfrascaría debido a la particularidad del caso. Por un lado, pagar la recompensa podría interpretarse como un estímulo a cometer delitos, y no hacerlo, como un debilitamiento a la política del gobierno que busca estimular la delación de los delincuentes.

El presidente Álvaro Uribe tomó distancia y dijo que iba a esperar a que se hiciera una revisión de la base jurídica para el pago de la recompensa. “Un Estado de derecho no puede estimular masacres”, fue lo que dijo. A esta postura se sumó el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien aclaró que la decisión de pagar o no la recompensa, le competía al Ministerio de la Defensa, que la imputación del delito de homicidio a Montoya, en principio, era inviable por la falta de pruebas y que “un miedo insuperable o un error invencible o un estado de necesidad excluyente son causales que podrían exonerarlo de responsabilidad”.

Después de varias reuniones entre miembros del Mindefensa y asesores jurídicos, se tomó la decisión de entregar el dinero, independientemente de la situación jurídica de Montoya. En el balance de los costos de la decisión, el gobierno optó por lo que consideró más conveniente para su propósito de desvertebrar a las Farc, a “cualquier precio”, al estilo de Bush en su combate contra el terrorismo.

En el pulso sobre la legalidad o ilegalidad que tiene la decisión, pudo más el pragmatismo político que el respeto jurídico. Para el abogado Iván Cancino el pago de la recompensa a Montoya es, a todas luces, ilegal. Según él, hay precedentes legales que ayudar a evaluar este caso, y puso como ejemplo que un hijo que ha matado a su papá pierde el derecho a heredarlo.

Para ubicar el hecho en un escenario internacional recordó la captura de Saddam Hussein. “Los soldados no lo mataron porque serían recompensados si lo entregaban vivo, y habrían podido violar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sobre el hecho de que el guerrillero le hubiera cortado la mano a su jefe, dijo que era un indicio de que Montoya quería cobrar la recompensa y que había actuado con premeditación. Para el abogado pagar la recompensa “no tiene sustento constitucional ni en el derecho internacional de los derechos humanos. Aceptarlo sería volver al país un país de mercenarios”.

En los antecedentes recientes, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez dijo no reconocer ningún caso parecido. Sin embargo de la consigna “se busca vivo o muerto” recordó que cuando empezaron las guerrillas, en el Tolima se ofrecían 5 mil pesos por Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tiro Fijo’. Respecto del pago de la recompensa dijo que era posible siempre y cuando se hiciera por “brindar información y no por un asesinato a sangre fría”.

En ése sentido el Procurador Edgardo Maya Villazón dijo que no se podía recompensar la entrega de un cadáver y que se deberían analizar las razones para su pago. Pero que Montoya debería ser procesado penalmente por sus 16 años de militancia en las Farc.
Hasta aquí hay dos discusiones diferentes: si a Montoya debería pagársele o no la recompensa, y la segunda, si debería o no ser procesado por homicidio. El gobierno podría darle la recompensa pero la justicia podría juzgarlo por el delito que cometió. O, como ha anunciado el ministro Santos, podría recompensarlo, y, como sugirió el fiscal Iguarán beneficiarlo con los atenuantes a la hora de juzgarlo por el homicidio.

Sin embargo una última versión de lo ocurrido que acaba de revelar la Revista Cambio, podría cambiar totalmente lo que el Estado ha decidido hasta ahora. Según la revista, Montoya habría sido contactado por el Ejército hace más de un año con el objetivo de que les ayudara a capturar a Ríos. Ante la dificultad cada vez mayor de la comunicación, por el aislamiento del frente 47 de las Farc, el Ejército cambió los planes y decidió que era mejor asesinar al jefe guerrillero, pero Montoya debería entregar pruebas fehacientes de que había cumplido su misión y así podría cobrar la recompensa.

La revista también mencionó el caso de un guerrillero apodado “El Indio”, que en 2005 fue asesinado por uno de sus hombres de confianza, luego de haber sido contactado por el Ejército. El antecedente permite concluir que la política de recompensas se ha degradado de pagar por información a pagar por asesinatos. De confirmarse la versión de Cambio, el dilema ético en que se enfrascó el gobierno se vuelve más complejo: primero, estaría pagando por el asesinato premeditado y no sólo por la información; segundo, estaría desvirtuando los hechos para no juzgar a Montoya como corresponde a la ley; y tercero, sería cómplice del asesinato.

Oti Patiño, ex dirigente del M19, calificó la decisión de repugnante. Para Patiño, “la decisión desde la lógica de la guerra, parecería legítima, pero es una forma de socavar el Estado de Derecho y entrar en la lógica del terrorismo. Lo mismo hizo Pablo Escobar cuando puso precio a la cabeza de los policías, que después estimuló los atentados con bombas en los que murió mucha gente”.

Otra persona que tampoco recibió con entusiasmo la noticia del pago de la recompensa fue el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Él en su administración se opuso a ese mecanismo y a la presencia de informantes en Bogotá. Mockus consideró que la medida podía revertir en efectos boomerangs, la medicina puede resultar peor que el mal que pretende curar: “por cada miembro de las Farc que ceda a la tentación de una recompensa habrá 10 que se indignarán ante al uso de este método y 3 o 4 personas capaces de ver la descomposición del Estado de Derecho”.

El ex alcalde hizo una distinción entre el pago de recompensas y la política que tiene el gobierno para la protección a testigos que incluye apoyo económico. De la última dijo que era una medida racional, y aclaró: “no es comprar información, aunque la compra de información es menos grave que el pago por un delito”. Para concluir exhortó: “No creemos una ciudadanía que combata el terrorismo con métodos terroristas”.

La decisión del gobierno abre las preguntas: ¿A dónde queda el esfuerzo por construir una ciudadanía que repudie los secuestros, las masacres y el terror? ¿Puede la “lucha contra el terrorismo” justificar cualquier método? Con esta decisión el mensaje no es muy positivo para una sociedad que no ha terminado de reparar a sus víctimas, y que antes pareciera que premia a sus verdugos y legitima la ética de lejano oeste de que el fin justifica los medios.