En el fallo de única instancia, de 141 páginas, la Procuraduría General de la Nación argumenta que correos y llamadas telefónicas fueron determinantes para tomar la decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a la senadora.

Según la Procuraduría, en el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, los seudónimos de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', la 'Negra' y la 'Negrita' se refieren a ella. La congresista, según el Ministerio Público, se extralimitó en sus funciones. Más de 50 páginas del fallo tratan de demostrar de qué forma esos alias hacían referencia a la senadora.

La certificación de la INTERPOL a la cadena de custodia de los archivos hallados en las memorias y los computadores de alias ‘Raúl Reyes’, informes de la Dijín y el CTI, así como el testimonio de un ciudadano ucraniano, Viktor Tomnyuuk, e incluso una fotografía sirven a la Procuraduría como pruebas para vincular a la senadora con la guerrilla de las Farc.

En uno de los computadores incautados por el Ejército a Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, el 1 de marzo de marzo del 2008, un correo electrónico cuyo destinatario es 'Tania' dice:

“Así se habla, Piedad”, “Suban al editorial de la página y manden a todas las direcciones el artículo Así se habla, Piedad. El discurso de la senadora Piedad Córdoba en el marco del seminario ideológico del PT México D. F… es la voz del decoro de la mayoría de los colombianos que se resiste a ser acallada y reclama una conducción distinta para el país”.

La Procuraduría interpretó ese correo como una prueba de que para las Farc, las declaraciones de la senadora “son altamente significativas e importantes”. Al parecer, el correo se refiere a la intervención de la senadora en un seminario en México en el que ella pidió a los gobiernos “progresistas de América Latina” que rompieran relaciones diplomáticas con Colombia. La intervención de Piedad fue hecha en marzo del 2007.

Según la Procuraduría, las actuaciones de la senadora en diferentes universidades demuestran que la senadora “tuvo un compromiso serio y dirigido a querer promover y colaborar con el mencionado grupo insurgente”.

Se refiere a las declaraciones que hizo cuando instó a estudiantes universitarios en un acto público en el Teatro Adida de Medellín a seguir el ejemplo de María Cano, Camilo Torres y de Manuel Marulanda Vélez (el extinto ‘Tirofijo') de luchar contra el establecimiento.

También se acopia como prueba la polémica foto de noviembre del 2007 en la que la senadora Córdoba aparece junto a los guerrilleros Iván Márquez, Jesus Santrich y Rodrigo Granda, con un ramo de rosas en la mano.

Para la Procuraduría, aunque esa imagen se registró en el tiempo en que la senadora estaba autorizada para intermediar con la guerrilla de las Farc, “dicho acto constituye un evidente y claro compromiso de querer promocionar al grupo insurgente”, dice el fallo. El Ministerio Público destaca el hecho de que Córdoba portara “una prenda característica del grupo insurgente”, refiriéndose a la boina con la que ella aparecía en la foto.

Para la Procuraduría, la foto de la senadora con los guerrilleros es muestra de “un suceso que para nada corresponde al de un acto de un senador de la República para procurar la liberación de unos secuestrados en poder de las FARC -por el contrario-, constituyó un manifiesto y decidido compromiso de querer promover a la organización delincuencial”.

Otras pruebas tienen que ver con intercepciones de algunas líneas telefónicas de miembros de las FARC. Según el fallo, fueron 52 llamadas que corresponden a teléfonos celulares cuyos números pertenecen a un integrante de las FARC conocido como alias ‘Rey’, miembro de la columna móvil Libardo García.

Según la Procuraduría, del contenido de las conversaciones se puede “colegir” que las FARC prepararon recibimientos, al menos en dos ocasiones, a una mujer “de quien se dice era ‘Piedad Córdoba’, que ostentaba la condición de ‘Senadora’, y la que participaría en actos o reuniones políticas”.

En la conversación número 26 del 12 de febrero del 2010, cuyos interlocutores son “NN masculino” y “Rey” (integrante de las FARC), según la transcripción de la Procuraduría, dice:

“Rey le pregunta a NN masculino si Piedad está por ahí. NN masculino dice que sí. REY aclara: Córdoba. Rey le pide a esta señora que (No se entiende). NN masculino pregunta si le tiene que decir eso a la profe. Rey le responde que no, que a “Piedad Córdoba”, Rey agrega que le diga a ella que pueden reunirse hoy, que vaya al lugar donde él esta, a ver qué es lo que quiere” (sic).

Con respecto al ciudadano ucraniano Viktor Tomnyuuk, el fallo aduce que ingresó en el 2006 a Colombia y en el 2007 tuvo contactos en las FARC con el comandante del frente 30 alias ‘Mincho’.

En su testimonio, que hizo parte del proceso disciplinario, Tomnyuuk fue preguntado que si en una reunión en Palmira, sobre la campaña electoral al Congreso, él oyó que la senadora defendiera la lucha armada.

Al respecto, el ucraniano dijo: “Más que todo la escuché sobre su propaganda electoral, hablar de elecciones. Ella quería una ayuda… No escuché en palabras de la senadora, de meter bombas; la única cosa que escuché fue organizar una marcha de protesta para el 20 de junio donde la senadora se comprometía a pagar la mitad de los gastos… la otra mitad de gastos la pagaría alias ‘Mincho’. Eso lo dijo la senadora al hermano de alias ‘Mincho’ y los demás presentes; pienso yo que de eso sería la posterior reunión con alias ‘Mincho’, para concretar quién pagaba, pero confirmar no puedo”.

Según la Procuraduría, esa conversación, por la fecha en que se dio, el año 2010, es otro elemento de juicio “que produce la convicción en el juzgador disciplinario que los presuntos vínculos entre las FARC y la senadora continuaron en el 2010”.

El organismo de control destaca lo que a su juicio es una recurrente actividad de “promoción y colaboración” con el grupo guerrillero.

Lo que dijo la defensa
 

El abogado defensor de la senadora pidió que los elementos hallados en los computadores y las memorias incautadas en la operación ‘Fénix’ (que dio con la muerte de 'Raúl Reyes') fueran “excluidos del proceso”. La Procuraduría negó la solicitud el 6 de mayo del 2010. En consecuencia, se mantuvo en firme el cargo que había contra Córdoba por “haber promovido y colaborado al grupo armado ilegal de las FARC”.

La defensa también alegó que “las negociaciones efectuadas por la senadora Piedad Córdoba han contribuido a la libertad y la defensa de los secuestrados de nuestro país, pues entre los años 2007 y 2008 la disciplinada contribuyó a la liberación de varios policías, militares y políticos en poder de las FARC”.

La Procuraduría reconoció la importancia de aquella labor de la senadora, pero aclaró que estas actividades a cargo de la senadora “no justifican ni autorizan la realización de unas conductas contrarias al ordenamiento jurídico, en el presente caso de conductas constitutivas de colaboración y promoción con el grupo ilegal de las FARC”.

La defensa de Córdoba también resaltó que ella tenía “legítimo derecho a hacer oposición al Gobierno” y que esto “ha contribuido a mitigar los traumas de la violencia en todas sus formas que afectan a nuestra sociedad”.

“El trabajo de la senadora Piedad Córdoba ha sido arduo, peligroso e inseguro, pues ha asumido con postura crítica y válida un ideal para impugnar la renuencia del Estado para cumplir con sus obligaciones civiles frente a la vigencia del derecho”, fue otro argumento de la defensa.

Pero la Procuraduría definió que “esos hechos tan particulares no son objeto de lo que se investiga”. Y enfatizó en que el problema jurídico a resolver era si la senadora “colaboró y promocionó el grupo ilegal armado de las FARC”.

Con esos argumentos, la Procuraduría refutó a la defensa. “Las razones defensivas anteriormente referidas no están llamadas a prosperar”, adujo.

Otro argumento de la defensa fue que la referencia de la Procuraduría al capitán Ronal Hayden Coy, quien hizo el informe de policía judicial respecto a la información que sobre la senadora había en los computadores de ‘Raúl Reyes’, no tenía peso, pues al final, así la certificación la hubiera hecho otra persona, la conclusión del organismo hubiera sido la misma.

La defensa dijo que cuando este oficial fue indagado, “contestó no tener cursos en informática y que lo que sabía lo era empíricamente, como la mayoría de las personas”. El policía también reconoció “no tener cursos en cadena de custodia ni en informática”. Pero la Procuraduría alegó que aquel informe fue solo un referente para su decisión.

La Procuraduría concluyó que la senadora Piedad merecía una de las sanciones disciplinarias más duras: su destitución y 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Además, envió copias a la Corte Suprema de Justicia de la providencia, para que el tribunal decida si abre o no una investigación por delitos de lesa humanidad.