GERARDO REYES
El Nuevo Herald

Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) promulgaron
la Ley 002 del 2000, los empresarios colombianos pensaron que se trataba de
otra campaña publicitaria de intimidación de la guerrilla.

Pero a los pocos días comenzaron a recibir cartas que comenzaban diciendo:
``Cordial saludo, por medio de la presente le notificamos que hemos decidido
hacerle efectiva la Ley 002, para lo cual usted deberá esperar instrucciones de
traslado a cualquiera de nuestros campamentos''.

Fue entonces cuando comprendieron que ley iba en serio. Ayer, el comandante
de los Grupos Antiextorsión y Secuestro (Gaula) del Ejército, el coronel Jesús
Bohórquez, declaró que las FARC han recibido más de $408 millones de
empresas y personas en cumplimiento de la ley. La extorsión se aplica a
quienes posean un patrimonio superior a un $1 millón.

``Muchas víctimas optan por callar y pagar ante la presión, el temor y la zozobra
del secuestro o, en el peor de los casos, el asesinato'', explicó Bohórquez.

Según el militar, la cifra citada no incluye lo que han pagado algunas empresas
que no se han atrevido a denunciar las presiones de los rebeldes. Estas
empresas, denunció Bohórquez, ``son las que más dinero han pagado al grupo
guerrillero''.

``Muchos de los afectados están traumatizados y aprisionados por las
exigencias de las FARC, quienes les recuerdan en los panfletos que les envían
la importancia de sus familiares y el dolor que les causaría no tenerlos cerca, en
caso de que no paguen''.

Según el oficial, de las 67 denuncias, diez corresponden a personas naturales,
nueve a empresas de comestibles --como leche, dulces, productos lácteos y
papas fritas--, siete a empresas de servicios públicos y otras 23 a otras
compañías, sin contar las de cueros, manufacturas, chocolates y bodegas de
ropa.

La Ley 002 fue promulgada en marzo del año pasado por las FARC en un
formato similar al de cualquier ley del Congreso. En los considerandos, el grupo
guerrillero justificó el impuesto alegando que el gobierno de Colombia, con la
ayuda de Estados Unidos, estaba en proceso de fortalecimiento del presupuesto
de guerra.

En la misma sección, los guerrilleros reconocieron que los recursos provenientes
de ``los aportes voluntarios que muchísimos de los compatriotas nos hacen y los
originados por las inversiones propias'', son insuficientes para cubrir las
necesidades de la lucha.

En un manuscrito enviado por las FARC a un ganadero colombiano y cuya copia
fue conocida por El Nuevo Herald, uno de los jefes guerrilleros escribió:
``Compañero: cordial Saludo. La presente es para desirle (sic) lo siguiente:
Necesitamos una colaboración de usted para la paz''.

Aparentemente, la ley fue aprovechada por otros delincuentes que se hacían
pasar por guerrilleros, lo que obligó a las FARC a agregar en su notificación la
siguiente advertencia: ``Cabe agregar que para no ser engañados por personas
ajenas a nuestra organización, deben saber que todas nuestras negociaciones
se realizan en área de campamentos guerrilleros y no en ciudades''.

El comandante del Gaula precisó que la ciudad de Medellín, 430 kilómetros al
noroeste de Bogotá, es una de las más afectadas por el cobro del impuesto de
los insurgentes, especialmente en el sector de los textiles, el cual ha
desembolsado en los últimos meses alrededor de $11 millones.

``A estas cifras se suman cerca de $123 millones que están pagando las
empresas que no han denunciado por temor a las `retaliaciones' [venganzas] de
la guerrilla'', puntualizó el coronel Bohórquez.