Peritos de Interpol ya dieron primer visto bueno al computador de Reyes. Chávez se expone a una condena al ser catalogado de promotor del terrorismo por Estados Unidos.

En medio de la euforia mediática que produjo la noticia de la caída de dos de los siete líderes de las Farc y del reality diplomático que tuvo lugar en Santo Domingo, muchos llegaron a pensar que los documentos hallados en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, que dejan mal parados a los presidentes de Venezuela y Ecuador, no pasarían a mayores.

Pero ahora, y cuando las aguas ya se van calmando, comienza a nublarse el panorama para los mandatarios vecinos. Más aun si se tiene en cuenta un detalle que sólo saltó a la vista con la llegada esta semana de los tres expertos en informática forense: apenas se ha destapado el 0,02 por ciento del contenido; las cartas y los correos publicados por SEMANA ocupan sólo 200 megas de un total de 675 gigas de información repartidas en tres computadores y varias memorias portátiles.

El miércoles, los tres expertos traídos por la Interpol desde Singapur, Corea y Australia dieron su primer dictamen: los computadores sí estaban en el campamento de Raúl Reyes y fueron recogidos según lo ordena la ley. En Colombia, en general, no se ha puesto en duda la autenticidad de los computadores y de su contenido, pero el veredicto final, que sólo se conocerá en un mes y medio, se hace indispensable para que los hallazgos sean tenidos en cuenta por la comunidad de naciones.

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Cada uno de los tres peritos entregará un informe independiente y en caso de que confirmen la autenticidad, el presidente Hugo Chávez tendrá que explicar si es verdad, como dice en los correos, que estaba finiquitando con las Farc la manera de entregarles 300 millones de dólares para el "plan estratégico" que los llevaría a la toma del poder en Colombia. "Ya tiene disponibles los primeros 50 y tiene un cronograma para completarnos 200 en el transcurso del año", se lee en un correo del 8 de febrero de este año, del guerrillero Iván Márquez al Secretariado, tras su reunión con el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín.

Y también el presidente Rafael Correa tendrá que responder por los 100.00 dólares que las Farc dicen haberle dado para su campaña a la Presidencia, y si es verdad que su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, le ofreció hace un mes a Raúl Reyes trabajar mano a mano con las Farc en la frontera.

De llegar a probarse la autenticidad de los documentos, se abrirán interrogantes muy delicados para la estabilidad de la región: ¿Con qué interés estarían dos gobiernos ayudando a un grupo que es el enemigo interno de Colombia? ¿Cómo pueden mantenerse dos gobiernos que tenían alianzas con un grupo considerado como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Qué les puede pasar a estos mandatarios?

En los dos países hay escepticismo total con respecto a lo que puede hacer la justicia frente a sus respectivos presidentes. En Ecuador, Correa no tiene los contrapesos: ha logrado disolver no sólo el Congreso y la independencia del Tribunal Supremo Electoral -que podría dar la pelea por las denuncias sobre el financiamiento de la campaña electoral-, sino también los partidos y por ende, la oposición. La Asamblea Constituyente, que debe entregar la nueva Constitución el próximo 24 de mayo, es dominada por Correa en un 80 por ciento. La opinión pública también está con el mandatario: su popularidad subió a 76 por ciento (Cedatos-Gallup) por el manejo de la crisis con Colombia y porque duplicó el bono de la pobreza de 15 dólares a 30.

En Venezuela, la situación parece tener tintes similares. Si bien ya Luis Carlos Solórzano, dirigente del Copei, demandó el jueves a Chávez por los hallazgos del computador de Raúl Reyes, hay quienes creen que es un canto a la bandera, con una rama judicial controlada por el jefe de Estado. Sin embargo, a mediano plazo se podría convertir en una denuncia relevante, porque si no funciona la justicia en Venezuela, se abre el camino para que en teoría actúe la Corte Penal Internacional.

Si la justicia no funciona, no se pueden descartar los efectos políticos del computador de Reyes. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en donde el 69 por ciento de la población considera que las Farc son terroristas (Varianza Opinión, del 2 de marzo) y donde apenas el 23 por ciento ve a Chávez como el líder que lo debe dirigir, una alianza del mandatario con la guerrilla podría quitarle el poco piso que le queda ante la opinión. Y se le puede complicar aun más la vida con los militares que están formados para combatir a la guerrilla.

En Ecuador los ánimos están menos caldeados. La prensa ecuatoriana está apenas comenzando a poner en tela de juicio al mandatario y el jueves José Ayala Lasso (ex alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU), pidió al presidente que le diga al país lo "que piensa de las Farc".

El blindaje que tienen en sus países no quiere decir que Chávez y Correa tengan garantizada su inmunidad. La situación jurídica se les puede poner color de hormiga, en especial a Venezuela, con Estados Unidos.

El propio presidente George W. Bush alertó sobre la relación Caracas-Farc al principio de la semana, y el viernes varios congresistas republicanos presentaron un proyecto de resolución en el que piden a la Casa Blanca incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Es decir, se oficializaría su entrada al 'eje del mal', al lado de Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria e Irán. El Miami Herald aseguró que el gobierno ya abrió la investigación. Si bien las sanciones no tienen que llegar a ser como el estricto bloqueo que se le impuso a Irán como patrocinador de terrorismo desde 1984, la sola entrada en la lista es grave. Y daría lugar a sanciones de todo tipo: desde restringir la venta de armas a Caracas (lo cual ya ocurre) hasta bloquear a las empresas venezolanas en Estados Unidos.

Sin embargo, no es tan fácil. Calificar a Venezuela como patrocinador del terrorismo podría tener consecuencias de todo tipo. El analista Andrés Openheimer recomienda a Estados Unidos no hacer nada en contra de Chávez por ahora, porque podría alentar el sentimiento antigringo y darle el impulso que necesita en las elecciones este año.

"Si todo lo del computador se llega a confirmar, se convierte en un problema muy grave y hay que sopesar las consecuencias. Estamos tratando con un jefe de Estado muy impredecible, que no quiere caerse", dice Michael Shifter, del Diálogo Interamericano.

El factor precio del petróleo también cuenta. Venezuela le vende el 11 por ciento del crudo que produce a Estados Unidos, lo cual equivale al 60 por ciento del producto que exporta. "Con el barril a 110 dólares ningún gobierno se cae en Venezuela", dice un experto.

Lo otro que puede ocurrir en Estados Unidos y que parece más viable es que un ciudadano cualquiera denuncie ante un fiscal a Chávez por "conspiracy". En Estados Unidos el cargo es gravísimo y se aplica a cualquier persona que apoya las actividades de una organización criminal, el contenido del computador constituiría una prueba reina contra Chávez.

Lo complicado vendría después: ¿qué haría Estados Unidos en caso de que un fiscal lo encuentre culpable? En este contexto, la visita de la secretaria de Estado Condoleezza Rice a Brasil y Chile no parece casual.

Si la onda explosiva de la bomba que acabó con la vida de Raúl Reyes hace dos semanas puso a temblar como nunca las relaciones diplomáticas de Colombia con Ecuador y Venezuela, el impacto de los computadores, si se llega a probar su autenticidad, puede destrozar a los gobiernos de los dos países vecinos.