G. GUILLEN / El Nuevo Herald
 BOGOTA

 El comandante del Ejército, general Jorge Mora, incriminó judicialmente a los miembros del Estado Mayor de las rebeldes Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) para que la Fiscalía Nacional los lleve a juicio por el reclutamiento forzado y otros desafueros cometidos contra unos 7,000 menores de edad, algunos de los cuales han sido adiestrados para la lucha en una escuela clandestina de formación ideológica y preparación para la guerra.

 Mora interpuso la acusación ante el fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, con base en el testimonio de una guerrillera adulta a quien el Ejército capturó en
 combate en agosto pasado, junto con tres niños que estuvieron involucrados en el enfrentamiento.

 La delatora, identificada como Norma Sandrelli Marín, alias ``Vanesa'', puso al descubierto la existencia de la escuela subversiva, situada ``en la finca La Tigrera, de la inspección (zona) del Anzuelo, municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta (en el oriente de Bogotá)'', de acuerdo con la denuncia de Mora, quien aportó evidencias fílmicas de ese centro de formación.

 El pedido de juicio de Mora denuncia, entre otras violaciones a los Derechos del Niño y al Derecho Internacional Humanitario, las siguientes:

   Los niños son entrenados y confinados en condiciones de esclavitud para realizar tareas de inteligencia, combate y trabajos forzados.

   Se les restringen las libertades de pensamiento y de conciencia.

   Cuando tratan de escapar ``son fusilados pública e indiscriminadamente para asegurar que no se repita esta situación''.

   Son usados para sembrar minas personales ``en cuya labor resultan siendo víctimas mortales del fatal artefacto explosivo''.

   Los niños que son capturados o que se entregan ``padecen críticos cuadros clínicos de desnutrición y enfermedades tropicales''.

   Médicos forenses que les han practicado necropsias a los cadáveres de niñas muertas en combates han encontrado que tenían ``dispositivos intrauterinos de
 anticoncepción, diseñados para mujeres con hijos y cuyo uso puede esterilizar a quienes lo estén usando''.

 De acuerdo con el Programa de Reinserción del Ministerio del Interior, encargado de proteger e introducir en la vida civil a quienes deponen las armas tras huir de las guerrillas, durante el 2000 la incorporación de niñas a la guerrilla creció 35 por ciento y la de niños 30 por ciento.

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