Elvia Cortés Gil murió ayer, a sus 55 años de edad,
convertida en una bomba humana. Seis guerrilleros
del frente 11 de las Farc le colocaron un collar de explosivos por negarse
a pagar una extorsión de 15
millones de pesos.
A las 3:30 de la madrugada, en su finca de la vereda Palestina, municipio
de Simijaca (Boyacá),
los subversivos cogieron por los brazos a la mujer y a empellones la llevaron
al salón principal del lugar.
"¿No va a pagar?, vamos a ver", le gritaban los subversivos. La
hicieron arrodillar y frente a su
esposo y cuatro hijos le colocaron un collar-bomba elaborado con tubos
de PVC. La carga fue adherida
a su cuerpo con pegante.
Le dijeron a la familia que volverían en la tarde para recoger la
plata. De lo contrario, activarían la carga
explosiva. Un vecino de la finca alertó a las autoridades, que llegaron
dos horas después.
Elvia fue llevada por un grupo antiexplosivos a la circunvalar (vía
Simijaca-Chiquinquirá) -sitio que a esa hora se encontraba solitario-
para desactivar la carga. Cuatro horas después, el artefacto explotó.
Elvia murió al igual que el subintendente de la Policía,
Jairo López,
técnico experto en explosivos.
Segundos antes, el comandante del Batallón Sucre, con sede en
Chiquinquirá, coronel Fabio Santiago Roa Millán, había
estado
consolando a la señora Cortés. "La abracé y le dije:
tranquila que ya
falta muy poco. Me retiré para que los técnicos hicieran
su labor. No
habría caminado diez metros, cuando se produjo la explosión",
comentó
el coronel Roa.
Otros tres uniformados resultaron gravemente heridos. Al sargento
primero del Ejército, Néstor Cruz Torres, la detonación
le mutiló los
dedos de su mano derecha.
Los otros dos heridos, los soldados Gustavo Adolfo Caro y José Suárez
Gallón, fueron remitidos al hospital de Chiquinquirá (Boyacá).
Para el vicefiscal Jaime Córdoba Triviño, este episodio "constituye
un
acto de extrema barbarie y de máxima degradación moral que
pone en
evidencia que las Farc insisten en violar de manera desafiante las reglas
mínimas humanitarias".
El comandante de la I Brigada del Ejército, general Fabio Bedoya,
dijo
que son varios los hacendados y finqueros de esa zona del país que
se
han negado a pagar millonarias sumas a la guerrilla.