IBON VILLELABEITIA / Reuters
  BOGOTA

  Grupos de derechos humanos condenaron una propuesta del presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, para introducir un estado de emergencia,
  calificándola de ''troglodita y dictatorial'' porque podría aumentar abusos a los derechos humanos e intensificar la guerra interna.

  Fernando Londoño, designado ministro del Interior y de Justicia de Uribe, dijo el viernes que el futuro mandatario planea impulsar una reforma
  constitucional que le permita establecer un estado de emergencia para contener la violencia del conflicto interno.

  Este país de más de 40 millones de habitantes afronta una guerra interna de casi cuatro décadas en la que las fuerzas de seguridad se enfrentan con
  rebeldes izquierdistas y paramilitares de ultraderecha. La confrontación dejó 40,000 muertos en la última década.

  El estado de emergencia, conocido como ''estado de sitio'' fue abolido por una reforma constitucional en 1991. La medida facultaba a las fuerzas militares
  para detener civiles, juzgarlos en cortes castrenses e imponer toques de queda.

  Londoño aseguró que la medida es necesaria para combatir a la guerrilla izquierdista y a los paramilitares.

  ''Esta propuesta es una barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos. Es una propuesta troglodita que empeorará la situación de derechos
  humanos en Colombia'', dijo el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.

  El director del grupo local de derechos humanos CODHES, Jorge Rojas, dijo que la iniciativa pretende crear una ``dictadura presidencial''.

  Uribe fue elegido Presidente por una amplia mayoría en las elecciones del 26 de mayo después de que en su campaña prometió mano dura para contener a
  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aumentar el gasto militar y duplicar los efectivos del Ejército y la Policía.

  Su plan para crear una red de un millón de civiles para que colaboren con los militares aportando información ha alarmado a los grupos de derechos
  humanos que temen un incremento de los ataques de los paramilitares contra supuestos simpatizantes de la guerrilla.

  Después de haber sido llamado un ''guerrerista'' por sus críticos, Uribe, cuyo padre fue asesinado por las FARC en la década de 1980, ha mostrado desde
  su victoria un tono conciliador, invitando a los grupos guerrilleros a conversaciones de paz con la mediación de las Naciones Unidas.

  Al responder sobre qué derechos se verían afectados, Londoño respondió: ``Los que sean necesarios. Todos. No hay derechos absolutos. Haga la lista de
  los derechos y libertades públicas y todos pueden tener limitaciones para garantizar la seguridad.''

  El anuncio ocurre en un momento en que Uribe se prepara para viajar a Europa para presentar su programa de derechos humanos.