Temen que sus comunidades se conviertan en otro San Vicente del Caguán, en manos de las FARC

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BOGOTA

Unos 30,000 habitantes del departamento de Bolívar protestaron ayer por la
inminente desmilitarización de cerca de 4,000 km2 en esa región, para facilitar
las negociaciones del gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN).

A la protesta, que se concentró en San Pablo, convocada por el comité No Al
Despeje y la organización no gubernamental (ONG) Asocipaz, asistieron
dirigentes, labriegos, ganaderos y comerciantes de los municipios de
Cantagallo, Yondó, Santa Rosa, Simití, Gamarra y Arenales, entre otros.

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, en una entrevista el miércoles
pasado, dijo que ``el gobierno no acepta un ultimátum'' de los promotores de la
marcha.

Ayer, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, rechazó las protestas y
dijo que se estaba conversando con la comunidad.

``No aceptamos un ultimátum, ni mucho menos medidas de hecho. Los
habitantes de la zona con quienes hemos estado conversando los rechazan.
Vienen de personas que ni siquiera viven en la zona'', señaló Gómez, quien
reafirmó que no se decretaría la zona de despeje hasta que haya acuerdo con
las comunidades.

``El proceso con el ELN es muy importante. El país lo está esperando y está
siendo cimentado sólidamente'', agregó el Alto Comisionado.

El Ejecutivo y el ELN anunciaron la semana anterior el reglamento de
funcionamiento del área que sería desmilitarizada para las negociaciones.

El reglamento establece la creación de una comisión verificadora, asesorada por
delegados internacionales, y un cuerpo auxiliar de 150 observadores nacionales
y extranjeros que vivirá en San Pablo y Cantagallo.

Los líderes del movimiento, que exigen sean incluidas en el acuerdo sus
exigencias, no descartan la posibilidad de un paro que bloquearía las vías que
unen a Bogotá, en el centro del país, con los puertos sobre el Caribe, en el
norte.

Aseguraron que para acordar el reglamento no se tuvo en cuenta a la comunidad
del sur de Bolívar ``y, si nosotros prestamos la casa, que nos consulten'', dijo
uno de los portavoces de los habitantes de San Pablo.

Según dirigentes de la región, para establecer los términos del ``cómo'' y el
``cuándo'' de la zona neutral se debe contar con la participación y el respaldo de
las comunidades de la zona.

En el área hay presencia de la guerrilla del ELN, de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), narcotraficantes y organizaciones ilegales
de paramilitares de extrema derecha, que se disputan el territorio.

El gobierno reiteró que, durante el proceso de diálogos y participación ciudadana
con los portavoces de los pobladores de la región, se han llevado a cabo
``numerosos encuentros con los alcaldes'', el gobernador de ese departamento y
representantes de comunidades de la zona.

Recordó los encuentros mantenidos con Pastrana, el 26 de diciembre pasado en
Bogotá, y con el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, en Cartagena,
capital de Bolívar, así como los que se han propiciado con dirigentes del ELN, la
Comisión Facilitadora y el Grupo de Países Amigos, que integran España,
Francia, Suiza y Noruega.