GONZALO GUILLEN/El Nuevo Herald
 NEIVA, Colombia

 Las fuerzas militares colombianas se encuentran intranquilas por la creciente presencia de armamento oficial de los ejércitos de 10 países del continente, incluido el de Estados Unidos, en manos de las guerrillas de izquierda y de sus enconados enemigos paramilitares de derecha que suman, entre todos, más de 24,000 hombres en armas.

 En el transcurso de los últimos tres años le han sido incautados a los rebeldes 9,629 armas de todo tipo, principalmente fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y
 morteros que llevan inscritos los distintivos de las fuerzas militares de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Panamá, Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

 En el mismo lapso también le han sido decomisados a los rebeldes proyectiles, granadas y otro tipos de explosivos en una cantidad que suma casi dos millones de
 unidades, incluidos seis mil tacos de dinamita.

 ``Si eso es lo que ha caído, ¿se imagina usted todo lo que debe estar en poder de las guerrillas y de las autodefensas [paramilitares]?'', preguntó a El Nuevo Herald una alta fuente del comando conjunto de las fuerzas militares colombianas.

 Un documento de inteligencia militar con carácter reservado que está en poder de este periodista, propone la siguiente hipótesis: ``La actitud de los países vecinos frente al tráfico de armas, municiones y explosivos, puede entenderse como una respuesta al crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de las fuerzas militares colombianas que rompería la correlación de fuerzas en la región''.

 Este planteamiento supondría estrategias militares de algunos vecinos de Colombia encaminadas a apertrechar a las guerrillas para que desgasten a las fuerzas militares colombianas y con ello retardar la temida regionalización del conflicto interno de este país por efecto del Plan Colombia.

 Tal plan es un proyecto militar diseñado por Washington y Bogotá con el objeto de tratar de reducir los cultivos ilícitos que existen en Colombia (los más extensos del mundo y la mayor parte de ellos en áreas de frontera) y combatir a las guerrillas para apartarlas del narcotráfico, su principal fuente de financiación.

 Aunque los militares colombianos no han sugerido públicamente la posibilidad de que existan proyectos oficiales extranjeros dirigidos a fortalecer a las guerrillas,
 diversos oficiales consultados individualmente explicaron que tal propósito parece claro en el caso de Venezuela y, hasta hace pocos meses, de Perú.

 El documento de inteligencia mencionado indica: ``El mayor flujo de armas procede por la frontera con Venezuela, la cual reviste una particular situación dada la laxa actitud de la actual administración [de Hugo Chávez]. De otra parte, existe contubernio entre oficiales de alto rango de esas fuerzas armadas y de funcionarios con los diversos agentes generadores de violencia colombianos''.

 En las zonas de frontera con Venezuela, los militares colombianos han decomisado más de 1,000 fusiles provenientes de ese país, de los cuales 510 tienen inscritas
 insignias de seguridad y numeraciones que corresponden a sus fuerzas armadas. Con estas características también han sido incautadas ametralladoras, armas cortas,
 granadas y municiones en poder de los rebeldes.

 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en diversas oportunidades ha minimizado la gravedad de esas evidencias, sobre las cuales ha sido informado
 pormenorizadamente por Colombia, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa en Bogotá.

 En agosto del año pasado, Chávez aseguró que las guerrillas colombianas tienen más armamento oficial de Estados Unidos que de Venezuela, afirmación que fue
 negada por el comandante de las fuerzas militares colombianas, general Fernando Tapias, pues de ese material estadounidense, explicó, solamente han sido incautados 14 fusiles y 18 armas cortas.

 Otras fuentes militares colombianas recientemente advirtieron a El Nuevo Herald la posibilidad de que en poco tiempo puedan llegar a manos de las guerrillas lotes de los 100,000 fusiles, aproximadamente, que Venezuela dejará de utilizar tras una reposición de equipos de guerra que está preparando.

 En el caso peruano, altos mandos militares y funcionarios del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori intervinieron directamente para que las FARC pudieran comprar 50,000 fusiles AK-47, de fabricación soviética, que fueron adquiridos al gobierno de Jordania. Un total de 10,000 de ellos llegaron a manos de las guerrillas antes de que Colombia y Estados Unidos descubriera la maniobra.

 Este negocio, en el que se utilizó cocaína como medio de pago, fue dirigido por el asesor de seguridad de Fujimori, Vladimiro Montesinos (hoy preso en Lima) y, al
 parecer, pudo haber sido justificado dentro del alto gobierno como una maniobra de doble utilidad: económica, para quienes intervinieron en ella, y estratégica para el Perú, en la medida que podía aumentar la capacidad de choque de las FARC contra el ejército colombiano, apuntó una fuente de Naciones Unidas especializada en el tema de tráfico de armas.

 Además de ese armamento, en la frontera con Perú, Colombia ha decomisado 35 fusiles, de los cuales 22 tienen insignias y numeración de las fuerzas militares de ese
 país, en lo que parece ser, en parte, producto de pequeños casos de corrupción de soldados que venden su armamento.

 Con respecto a los voluminosos suministros bélicos ecuatorianos a las FARC, las fuentes consultadas aseveraron que pueden ser más bien resultado de los altos niveles de corrupción que reinan en las fuerzas militares y de policía de ese país.

 ``La frontera ecuatoriana es la que más facilidades proporciona para el tráfico de dinamita y material explosivo en general, por las mismas circunstancias de corrupción de las autoridades'', amplía el informe de inteligencia ya mencionado.

 Durante los últimos tres años han sido decomisados en la frontera con ese país 300 fusiles, 522 armas cortas, 162 escopetas, 773 tacos de dinamita de fabricación
 militar y 19 morteros, así como cohetes, lanzagranadas, 450 kilogramos de pentonita (poderoso explosivo utilizado en ataques terroristas como la destrucción de
 oleoductos y redes eléctricas), 186 minas antipersonales y cerca de un millón de proyectiles para todo tipo de armamento.

 Hace un año, por una casualidad, fue descubierta una operación de hurto continuado de fusiles de un batallón (Montúfar) situado cerca a la frontera con Colombia. De allí desaparecieron, por lo menos, 48 fusiles que debieron haber ido a parar en manos de las FARC.

 Tiempo después, militares colombianos hallaron en poder de rebeldes nueve fusiles y dos ametralladoras marcadas con las insignias del ejército ecuatoriano. También han encontrado depósitos de uniformes y pertrechos oficiales de ese país en poder de las FARC.

 Recientemente, incluso, se descubrió que guerrilleros colombianos se encontraban acantonados en campamentos selváticos que el ejército ecuatoriano construyó para su propio uso en zonas próximas a Colombia.

 Las fuentes militares colombianas entrevistadas también mencionaron casos de corrupción militar en Nicaragua, los cuales han permitido ventas de armamento oficial a las guerrillas de aquí. En tres años han sido decomisados 40 fusiles de ese país.

 Del ejército de Bolivia han aparecido 12 fusiles y del argentino, tres.

 En la frontera con Brasil fueron incautados 90 fusiles, 31 de los cuales estaban marcados con las insignias del ejército.

 Los militares colombianos aseguran que nunca obtienen explicaciones de los países a los que informan sobre la aparición de armamento en poder de rebeldes o
 delincuentes comunes.La información es enviada por vía diplomática. Mientras tanto, los suministros a las guerrillas no solamente se mantiene sino que crecen.

 ``Lo curioso de todo esto'', declaró un oficial, ``es que los países que más se quejan por la guerra en Colombia, como Venezuela, Ecuador o Perú, han hecho de ella un maravilloso negocio''.