La Tablada: achicaron las penas y los presos levantaron la huelga
Fernando de la Rúa firmó final mente ayer el decreto que
conmu ta las penas de once
condenados por el ataque guerrillero al cuartel de La Tablada, en 1989.
Así, nueve
participantes del copamiento podrían quedar en libertad a mediados
del 2002, y los otros
dos recién en el año 2003 y 2005. Dos horas después
de que el Presidente
estampara su firma en el documento, los condenados levanta ron la huelga
de
hambre que mantuvieron durante 116 días.
Dos de ellos quedaron fuera de la lista de beneficiados: el perdón
presidencial no
alcanzó al líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP)
y ex guerrillero, Enrique
Gorriarán Merlo, y a su esposa, Ana María Sívori.
Esto es porque ambos fueron juz
gados en 1997 y tuvieron la posibilidad de una segunda instancia judicial,
que con
firmó sus condenas.
De acuerdo al texto del decreto presi dencial firmado ayer:
· Los nueve condenados a prisión per petua ahora deberán
cumplir 20 años de prisión.
Y entonces, podrán solicitar su libertad a mediados del año
2002.
En esta categoría se encuentran: Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz,
Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto,
Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga. Todos fueron
considera dos por la Justicia como coautores de asociación
ilícita, usurpación, homicidio doblemente agravado reiterado
y
múltiple homicidio, entre otros delitos.
Los dos restantes que figuran en el decreto tienen perdones
diferenciados:
· Roberto Felicetti fue condenado a reclusión perpetua, más
la
accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. La Justicia lo
consideró el responsable principal del copamiento al cuartel.
Ahora, deberá cumplir una pena de 25 años de prisión.
Y
estará en condiciones de solicitar su liber tad condicional a
mediados del 2005.
· El otro caso es el de Claudia Acosta, también condenada
a
reclusión perpetua, por haber sido identificada como otra de las
jefas del copamiento. El Poder Ejecutivo dispuso que cumpla 22
años de prisión como condena. Podría abandonar la
cárcel a
mediados del año 2003.
En el Gobierno resaltaban ayer que "el Presidente sólo conmutó
las penas, pero será la Justicia la que determine si los de
tenidos están en condiciones o no, de acceder a la libertad
condicional".
El decreto presidencial es el resultado de un juego de presiones y
negociaciones con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos). El
organismo que agrupa a los países del continente excepto Cuba,
había recomendado en 1997 que se revisen las condenas de La
Tablada.
Pero los condenados por el sangriento ataque a La Tablada fueron
juzgados bajo la ley de Defensa de la Democracia, elaborada
durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La norma estableció
que
no existiera una segunda instancia judicial para aquellos que
atentaran contra las instituciones democráticas.
De todas maneras, la OEA amenazaba con enviar el caso a la
Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, y pedir una
sanción internacional para el Estado argentino, en caso de que
continúe sin escuchar sus recomendaciones.
La OEA quería un gesto de la Argentina, y la reducción de
penas
fue el más po table para De la Rúa, quien no era partida
rio de
conceder por decreto la segunda instancia judicial a los condenados.
El Gobierno también mantuvo negociaciones con los abogados de
los presos durante los últimos dos días, para asegurarse
que
estos levantaran la huelga de hambre después de dictado el
decreto. Y así fue como sucedió finalmente.