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CARACAS

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como ''Ley Mordaza'', aprobada en horas de la noche del miércoles por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, desató una ola de críticas.

La medida, que regula la programación en la radio y la televisión, es vista por el gobierno de Hugo Chávez como un logro de la ''revolución''. Los dueños de los medios de comunicación y los opositores la consideran una ''mordaza'' que ''coarta la libertad de expresión'' en el país.

Los críticos de la ley han recibido el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Human Rights Watch consideró la medida una amenaza a la libertad de expresión en ese país.

''Esta legislación amenaza gravemente la libertad de prensa en Venezuela'', declaró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de esa organización, según informes de la agencia EFE.

''Sus restricciones ambiguamente concebidas y sus fuertes castigos son una receta para la autocensura y la arbitrariedad de las autoridades'', agregó.

''La imposición de camisas de fuerza a los medios de información no es la forma de promover la democracia'', enfatizó Vivanco.

La entrada en vigor de la ley dependerá de un informe que presentará en 15 días una comisión parlamentaria como un formalismo legal, y de la orden de puesta en práctica y publicación en Gaceta Oficial que dará el presidente Hugo Chávez.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también conocida en los medios oficiales como ''ley resorte'' porque aseveran que contribuirá a elevar la calidad de la programación, prevé estrictas regulaciones para los programas en los horarios infantil o ''supervisado'', así como la difusión de mensajes de sexo y violencia.

El horario protegido será entre las 7 a.m. y las 11 p.m.

Asimismo, señala que en el ''horario adulto'', que regirá entre las 11 p.m. y las 5 a.m., sólo se ``podrá difundir mensajes que están dirigidos exclusivamente para personas adultas, mayores de 18 años''.

La ley impone multas millonarias por el incumplimiento de los horarios.

El congresista oficialista Nicolás Maduro señaló a la agencia estatal Venpres que la ley ``ratifica el camino de la revolución bolivariana que respeta y promueve la libertad de expresión''.

''Ahora se contará con unos medios de radio y televisión al servicio del pueblo, con mensajes responsables, serios y éticos que contribuyan a la formación de los niños, niñas y adolescentes'', comentó la diputada ''chavista'' Desirée Santos.

Sin embargo, el director del canal privado de noticias Globovisión, Alberto Federico Ravell, se mostró escéptico sobre el nuevo instrumento legal, y aseguró a la Associated Press que ``si esa ley se aplica al pie de la letra ... no existiría en Venezuela la libertad de expresión''.

''Nosotros en Globovisión nos apegamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice que los venezolanos tenemos derecho a una información oportuna y veraz. Cualquier ley que vaya en contra de ese artículo sería una ley inconstitucional'', explicó.

''Es una ley que le pasa factura a los medios de comunicación que hemos defendido a los venezolanos de un gobierno autoritario'', agregó.

Los críticos rechazan fundamentalmente la conformación de un Directorio de Responsabilidad Social que crea la ley como ente regulador porque, aseguran, está integrado en su mayoría por entes oficialistas.

Igualmente aseguran que es excesivamente punitiva y otorga demasiada protección a la producción nacional e independiente.

Además critican las cadenas de radio y televisión obligatorias, así como otros espacios que los medios estarán obligados a ceder a actividades del Estado.

También cuestionan los conceptos para establecer los horarios de programaciones infantiles y de adultos, aseverando que la ley no dejará margen a la opinión disidente y afectará incluso la transmisión de informaciones en los horarios estelares y en vivo.

''Esta es una ley confiscatoria, punitiva, intervencionista, regulatoria que impide el derecho a la libertad'', declaró el diputado opositor Andrés Velásquez, quien pronosticó que con la ley los canales de televisión ``para no tener que pagar multa tras multa tendrían que autorregularse''.

Gloria Acosta, una vendedora de la calle de 52 años, se mostró feliz por la aprobación de la ley, y aseguró que ``a los padres nos va a dar tranquilidad. Uno se afana en educar a los hijos, y estos canales de televisión te los dañan con su programación de violencia y pornografía''.

Para el operador de equipos de construcción Miguel Leonel, de 45 años, ``lo que aprobaron los chavistas es increíble. Ya no sé cómo podremos expresarnos libremente los venezolanos si ahora tenemos un árbitro, que es el gobierno, que decidirá que es lo que yo puedo o no ver''.

''Quién les cree a los chavistas que ellos quieren cuidar a nuestros hijos. La educación va en la escuela y en la familia no en la televisión'', añadió.

Por su parte, opositores a la polémica y nueva Ley de Radio y Televisión venezolana, anunciaron la posibilidad de solicitar un referendo abrogatorio, alternativa consagrada en la Constitución.

Por lo menos dos grupos opositores, Asamblea de Ciudadanos y Movimiento al Socialismo (MAS), dijeron que trabajarán para recolectar firmas para activar el referendo abrogatorio, una figura que consagra por primera vez la Constitución de 1999 en su artículo 72.