GERARDO REYES
El Nuevo Herald

En una confusa sesión, el congreso de Venezuela, controlado por el oficialismo, aprobó el jueves por la noche una moción para solicitar el retiro de la ciudadanía al empresario de medios de comunicación Gustavo Cisneros, al cubanovenezolano Robert Alonso y a tres periodistas de ese país.

Luego de divulgarse la iniciativa, sin antecedentes en la historia republicana de Venezuela, algunos legisladores del oficialista Movimiento Quinta República (MVR), que no asistieron al debate, manifestaron su desacuerdo alegando que fue hecha a título personal y sin consultar a la agrupación.

Otros diputados chavistas que levantaron su mano en forma distraída para respaldar la propuesta, presentada por la diputada Iris Varela, trataron infructuosamente de corregir su voto en la secretaría de la entidad al conocer el alcance de la misma, según relató un testigo a El Nuevo Herald.

''Es una propuesta ambigua tal y como aparece en la prensa'', comentó a El Nuevo Herald el diputado chavista Tarek William Saab, presidente de la comisión política del Congreso.

Saab, quien no estuvo presente en la audiencia legislativa, explicó que prefería no hacer comentarios sobre los argumentos esgrimidos por su compañera de bancada para sustentar la controversial moción.

''Debe llamarla a ella, pues fue ella quien la presentó'', comentó Saab desde Caracas.

El viernes no fue posible comunicarse con Varela.

Sin embargo el también diputado del MVR, William Lara, aseguró al diario El Nacional que aunque no estuvo presente en la votación ``votaría con las dos manos''.

''Estas personas han asumido una conducta sistemática que daña la seguridad de la nación y perturba el clima de paz en que se vive'', aseguró Lara, ex presidente de la Asamblea Legislativa.

La moción incluye el retiro de la ciudadanía a los periodistas de oposición Napoleón Bravo, nacido en Caracas, Martha Colomina, española de nacimiento, y Norberto Mazza, nacido en Uruguay. Los dos últimos adoptaron la ciudadanía venezolana hace varios años.

De acuerdo con Varela, el gobierno debe despojar de la nacionalidad a los cinco por haber mantenido una actitud ``antipatriótica''.

El planteamiento fue aprobado el jueves sólo por la bancada oficialista que controla 53 por ciento de la Asamblea Nacional.

Cisneros, quien nació en Caracas en 1945, es propietario de la estación televisiva Venevisión y es el principal accionista individual de Univisión, la mayor cadena hispana de Estados Unidos. Alonso es propietario de la hacienda donde esta semana fueron arrestados 88 presuntos paramilitares que, según el gobierno venezolano, fueron reclutados para promover un complot antigubernamental.

El empresario recibió la noticia durante un viaje de Nueva York a Los Angeles, donde asistió a una reunión de trabajo con ejecutivos de Univisión, explicó Antonieta Mendoza de López, vicepresidente de la Organización Cisneros.

''Es un nuevo ataque en la campaña de descrédito que, en forma reiterada, propulsa el ejecutivo nacional en contra de Gustavo Cisneros por ser uno de los demócratas más emblemáticos de Venezuela y del continente'', dijo Mendoza a El Nuevo Herald.

La ejecutiva es la madre del alcalde opositor del municipio del Chacao, Leopoldo López, quien ha sido imputado por ''instigación a la rebelión'' por permitir la operación de la Plaza Altamira donde se refugiaron varios militares disidentes.

Desde el viernes de la semana pasada, antes de que se produjera el arresto de los presuntos paramilitares, Chávez ha señalado al menos en tres ocasiones a Cisneros como uno de los financistas y promotores de una supuesta confabulación contra su gobierno.

A comienzos de semana, oficiales de las policías judicial y política de Venezuela y de la Guardia Nacional allanaron durante seis horas una hacienda cafetera de Cisneros a 70 kilómetros de Caracas. Mendoza dijo que los oficiales revisaron ''hasta el último cojín'' de la casona colonial de la finca, pero no confiscaron ningún objeto.

De acuerdo con expertos consultados por El Nuevo Herald, no existe ningún procedimiento que permita privar de la nacionalidad a los venezolanos de nacimiento.

La Constitución prevé que la "nacionalización venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial''.