WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

La reciente decisión de la compañía SYSCO de renunciar a un acuerdo de intención política con el régimen cubano para vender sus productos en la isla, está sonando como una voz de alerta entre empresarios, funcionarios gubernamentales y legisladores estadounidenses que promueven las relaciones comerciales entre ambos países.

''Ninguna dependencia de nuestra compañía está autorizada a realizar declaraciones sobre política de gobierno y vincularlas a operaciones comerciales'', expresó Toni Spiegelmyer, vicepresidenta para el área de inversionistas y relaciones públicas de SYSCO Corporation.

La ejecutiva confirmó a El Nuevo Herald que el pasado 23 de agosto SYSCO Corporation decidió cortar los lazos establecidos con Alimport alegando conflictos de política corporativa.

SYSCO Corporation --radicada en Houston, Texas-- es el mayor distribuidor y comercializador de productos alimentarios y servicios de comidas en EEUU, con ganancias anuales de $26,000 millones. Sus transacciones con dependencias federales alcanzan los $7,000 millones.

La decisión desarticuló el acuerdo de intención firmado por la subsidiaria SYSCO Food Services of Central Alabama, el 11 de agosto, con el fin de ampliar las relaciones comerciales. Esta filial, con sede en Calera, Alabama, había vendido a Cuba unos $500,000 en productos alimenticios desde noviembre.

El presidente de Alimport, Pedro Alvarez, había calificado el acuerdo como ''estratégico'' por las amplias posibilidades de abastecimiento que ofrecía para sector turístico y los supermercados.

Spiegelmyer se limitó a señalar que SYSCO cumplirá los posibles compromisos pendientes con Alimport, pero insistió en que ``no existen planes futuros para comerciar con Cuba''.

Desde el pasado año, numerosas transacciones entre la empresa estatal Alimport y firmas estadounidenses estuvieron caracterizadas por la adición de un documento que --de manera más o menos explícita-- comprometía a los vendedores a gestionar ante el Congreso la flexibilización del embargo.

El lenguaje de los documentos firmados por las entidades norteamericanas incluye frases de apoyo y estímulo a la promoción de un cambio en la política de EEUU hacia Cuba. El compromiso suscrito puede tomar calificativos como ''memorando de entendimiento'', ''comunicado conjunto'' o ``carta de intención''.

La situación resultaba ya preocupante para analistas, empresarios y funcionarios públicos que consideran impropia la sutil politización del nexo comercial con la isla, pero SYSCO fue la primera entidad en tomarse el asunto en serio.

''Desafortunadamente el gobierno de Cuba está corrompiendo el proceso comercial con presiones políticas'', opinó John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU, con sede en Nueva York.

Kavulich señaló que cada vez son más crecientes las quejas de empresarios y compañías respecto a las presiones de funcionarios de Alimport para que hagan ''más pública y vigorosa'' su oposición a la política norteamericana sobre Cuba.

El paso de SYSCO no es el único. Tras firmar un ''memorando de entendimiento'' para cabildear contra la política estadounidense, el pasado noviembre, las autoridades del puerto de Manatee, Florida, retiraron poco después las referencias antiembargo de los documentos suscritos con Alimport.

''Usar una transacción comercial para cambiar la política estadounidense es un acto antipatriótico'', opinó el congresista cubanoamericano Bob Menéndez.

Menéndez es promotor de un proyecto legislativo para gravar con un impuesto del 100 por ciento las ventas de compañías estadounidenses a Cuba. La iniciativa --según él-- ``está bloqueada por los propios republicanos que mayorean la Cámara''.

Por el momento Cuba parece estar dispuesta a moderar sus estrategias políticas. A comienzos de este mes el Secretario de Agricultura de Vermont, Steve Kerr, visitó Cuba para firmar un contrato de ventas por $7 millones. En esa ocasión, los funcionarios de Alimport no ofrecieron el memorando de entendimiento.

Desde diciembre del 2001 las ventas de productos agrícolas de EEUU a Cuba ascienden a unos $677 millones.