Yaisha Vargas Pérez  DE LA AGENCIA EFE

El juez Kalil Baco, del Tribunal Superior de San Juan, aplazó ayer para el 23 de junio la vista de dictamen de sentencia del ex senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Freddy Valentín.

La decisión obedece a que el informe del oficial sociopenal aún no estaba listo y el ex legislador todavía tiene que declarar en varios casos que pesan contra el ex presidente cameral Edison Misla Aldarondo por actos de corrupción gubernamental, indicó a EFE Alberto Valcárcel Ruiz, fiscal de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

El pasado 4 de enero Valcárcel Ruiz y el abogado de Valentín, Guillermo Batlle Olivo, lograron un preacuerdo de cooperación y culpabilidad en el que el ex senador se declaró culpable de tres cargos de tentativa de soborno y tres de apropiación ilegal de fondos.

Según ese convenio, Valentín declarará en los casos de Misla Aldarondo a cambio de ser sentenciado a seis años en probatoria por cada caso, que cumplirá de forma concurrente entre sí y a la misma vez que una sentencia que se le impondrá en el foro federal.

Igualmente, el preacuerdo contempló que los cargos originales por oferta de soborno y apropiación ilegal de fondos públicos fueran reclasificados a tentativa de soborno y apropiación ilegal de fondos, sin el argumento de que fueran dineros públicos.

"Se aplazó para el 23 de junio para dar tiempo a que termine el informe presentencia que está preparando la Oficina de Oficiales Probatorios y Valentín cumpla con los requisitos de declarar en unos procesos a nivel estatal que están para el mes de mayo", explicó a EFE Valcárcel Ruiz.

"Esperamos que para la fecha del 23 de junio haya cumplido con esos compromisos y se pueda dictar sentencia ese día", agregó.

Valentín será testigo en el juicio estatal contra Misla Aldarondo por la venta de influencias políticas durante el proceso de compraventa del hospital de área de Manatí, Alejandro Otero López.

Igualmente, el ex legislador declarará en otro caso de soborno por un rebote de $1,000 que supuestamente le devolvía a Misla Aldarondo, luego que éste le otorgara un contrato de servicios profesionales cuando era presidente de la Cámara de Representantes.