Granados dará cara.

En los próximos diez días, el convicto ex vicepresidente de la Cámara José Granados Navedo, acusado mediante un "information" y acuerdo de cooperación de conspiración, lavado de dinero y extorsión en el caso del Superacueducto, deberá comparecer al Tribunal Federal para establecer el calendario, las condiciones y las visitas periódicas a la Oficina de Probatoria que deberá efectuar, como tienen que hacer todos los acusados y testigos cooperadores que permanecen bajo fianza.

Granados Navedo, quien presidió la Comisión de Desarrollo Socioeconómico de la Cámara, que tuvo bajo evaluación los contratos que se otorgaron para la construcción del Superacueducto, coopera con la investigación de las autoridades federales y será testigo de cargo en el juicio contra sus correlegionarios René Vázquez Botet y Marcos Morell Corrada.

El juez federal José A. Fusté le quitó ayer el sello al caso contra Granados Navedo e instruyó a su abogada, Lydia Lizarríbar, a hacer las gestiones pertinentes con la Oficina de Antelación a Juicio y la Oficina de los Alguaciles federales para establecer los procedimiento de calendario y las entrevistas pertinentes.

En el acuerdo de alegación de culpa y de cooperación al que llegó con la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia se indica que a principios de 1995 Granados acordó participar en un esquema con otros para ayudar a un grupo de contratistas establecidos en Puerto Rico para conseguirles contratos a cambio de que éstos les hicieran pagos sustanciales.

La acusación y acuerdo de cooperación de Granados se dio a conocer en la rueda de prensa efectuada el Jueves Santo en la que se anunciaron también los arrestos de Vázquez Botet y Morell Corrada. El director de la División de Integridad Pública, Noel L. Hillman, y el director interino del FBI en Puerto Rico, Stanley Borgia, rechazaron ese día que los cargos fueran políticos, señalando en vez que la acusación trata en torno a unos funcionarios que abusaron de la confianza del pueblo beneficiándose de unos proyectos importantes de infraestructura que se hacen con el propósito de beneficiar al pueblo, y no a los que tienen el control y ostentan posiciones políticas.