Testigo declara que le entregó $15 mil

Nydia Bauzá  PRIMERA HORA

En una bolsita de papel.

Un comerciante de Caguas declaró ayer que el primero de diciembre de 1994 fue a la casa del entonces vicepresidente de la Cámara, Edison Misla Aldarondo, a entregarle en una bolsita de papel un soborno de $15,000 que alega que éste le requirió a través del ex representante penepé José A. Núñez, a cambio de ayudarlo a obtener una licencia del Programa WIC que le había sido cancelada.

"José Alberto y yo llegamos a la casa de Edison, nos bajamos y me dijo: 'Siéntate aquí (en el balcón) y me esperas'. José Alberto entró a la casa y yo esperé con mi bolsita y los $15,000 entre las piernas", detalló el comerciante Tomás René Flores en el juicio contra Misla por un cargo de influencia indebida, que comenzó a ventilarse ayer en la sala del juez superior de San Juan Heriberto Sepúlveda.

"José Alberto salió y me dijo: 'Dame lo que tienes ahí para Edison'", declaró el testigo, para agregar que Núñez volvió a entrar a la casa con la bolsa de estraza y estuvo de cinco a diez minutos en el interior. Luego dijo que Núñez salió seguido de Misla, "nos saludamos y se completó el acuerdo".

Misla, quien ayer lució un semblante relajado, está acusado de actuar en concierto y común acuerdo con Núñez, a quien un jurado halló culpable de los hechos en diciembre pasado y está pendiente de ser sentenciado.

Flores, quien es el testigo principal de la fiscal especial independiente (FEI) Ana Paulina Cruz, declaró ayer que Núñez le requirió los $15,000 a nombre de Misla en el Salón Café del Capitolio en enero de 1993. El comerciante dijo que Núñez le ofreció "ayudarle" porque sabía que lo habían descualificado del Programa WIC por tres años. "Eso significaba la muerte de mis negocios y me tenía que defender porque estaba liquida'o", relató Flores, para agregar que consiguió un interdicto del Tribunal Superior, pero el WIC fue en alzada al Tribunal de Apelaciones.

Dijo que Núñez, con quien tenía amistad desde la escuela superior, "conocía de mi problemática y me había dicho que me iba a ayudar si salía electo", y luego que juró a su escaño por el distrito de Caguas, Aguas Buenas y Gurabo lo citó al Salón Café. Allí le dijo "que Edison podía atender mi problemática a cambio de $15,000".

El comerciante sostuvo que Núñez le presentó a Misla y dijo que visitó al entonces vicepresidente de la Cámara entre diez y 12 veces en su oficina legislativa y otras seis veces en la sede de un programa radial que Misla hacía en Miramar, para inquirirle de las gestiones que le había dicho que haría a su favor.

Luego, dijo que el Tribunal de Apelaciones también le falló a favor el 15 de julio de 1993 pero después que se le renovó la licencia, Núñez fue a requerirle el pago de los $15,000. "Yo le dije que no tenía que darle el dinero porque los resultados los había logrado yo mismo en los tribunales", relató el comerciante, pero agregó que Núñez siguió insistiendo y en una ocasión le dijo que Misla tenía coraje porque había realizado un sinnúmero de gestiones.

Dijo que posteriormente accedió por temor a represalias, ya que "el PNP iba a seguir en el poder y me arriesgaba a que fueran a ir en contra mía nuevamente".

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio de la abogada de defensa Laura Maldonado, el comerciante aceptó que nunca habló directamente con Misla sobre el pago de los $15,000, sino que el requerimiento de pago lo recibió de Núñez.

Maldonado también alegó que la FEI no le entregó una declaración jurada que prestó el comerciante el 11 de junio de 2002. La abogada planteó que no tuvo acceso al documento en la vista preliminar, que su cliente no tuvo derecho a confrontarlo con ese testimonio y pidió la desestimación del caso. Pero, la fiscal alegó que entregó a la defensa "todos los documentos del caso" y que también puso el expediente a disposición de la abogada en la Oficina del FEI. El juez Sepúlveda se reservó el fallo de la moción de desestimación para la mañana de hoy.

De ser hallado culpable por el cargo de influencia indebida, Misla enfrenta una pena de uno a cinco años de cárcel o multa que va desde $501 a $10,000. El ex legislador cumple una condena federal de seis años por fraude en la compraventa del Hospital de Manatí y tendrá que cumplir otra pena de diez años por actos lascivos a su hijastra.

Tiene también pendiente un juicio por violación.