Nydia Bauzá  PRIMERA HORA

Sin todavía haber salido del juicio en el que se le acusa de pedir un soborno a un comerciante de Caguas para ayudarlo a gestionar una licencia del Programa WIC, el convicto ex presidente de la Cámara Edison Misla Aldarondo enfrenta otro juicio el lunes por 15 cargos relacionados con la venta del Hospital de Manatí y el contrato de servicios profesionales que le otorgó al ex senador Freddy Valentín.

Ayer, el juez superior Heriberto Sepúlveda Santiago fijó para el 23 de abril, la continuación del juicio por un cargo de venta de influencias, en el que se acusa a Misla de pedir $15,000 en 1993 al comerciante Tomás René Flores, a través del entonces representante penepé José A. Núñez. El juicio fue paralizado esta semana por el Tribunal de Apelaciones, por un recurso de revisión que radicó la fiscal especial independiente (FEI), Ana Paulina Cruz.

Misla, quien cumple una pena federal, acudió ayer al tribunal y en corte abierta, el juez lo dejó citado para el nuevo juicio por delitos de cuello blanco que enfrenta el lunes, en el cual el ex legislador sería juzgado por un jurado.

Pero, la abogada de defensa, Laura Maldonado, sometió ayer una moción de suspensión en la que alega que su cliente ha estado expuesto a mucha publicidad y no sería juzgado por un jurado imparcial.

"Estamos en medio de la determinación del caso del WIC y hemos tenido mucha publicidad y no queremos que se mezcle la publicidad con la selección del jurado. No es el momento más idóneo para escoger el jurado", dijo la abogada.

La moción de suspensión será discutida el lunes. El juicio está programado para comenzar ese día, con la selección del jurado, en la sala del juez Sepúlveda.

Se ha estimado que este juicio podría durar cuatro meses por el volumen de prueba. La FEI ha anunciado más de 20 testigos de cargo.

En este caso, el ex Presidente de la Cámara está acusado de cuatro cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental por omitir información de sus ingresos en los informes financieros que venía obligado a rendir cuando estaba en la Legislatura.

También enfrenta cuatro cargos de perjurio por radicar declaraciones juradas falsas en la Secretaría de la Cámara sobre sus ingresos bajo la ley de legislador a tiempo completo y cuatro cargos de soborno, tres de los cuales se relacionan con el contrato de asesoría que le otorgó a Valentín y del cual se alega que el ex senador penepé le tenía que devolver $1,000 por debajo de la mesa.

El cuarto cargo de soborno tiene que ver con la alegada intervención de Misla en la venta del Hospital de Área de Manatí, al igual que otros tres cargos de cargos de influencia indebida. Según la evidencia en poder del FEI, Misla recibió unos $105,00 por la venta del hospital. Por estos hechos, el otrora líder legislativo cumple una condena federal de seis años de prisión.

De ser hallado culpable por los 15 cargos de delitos de corrupción, Misla podría enfrentar una pena global de más de 30 años de cárcel. Ya pesa en su contra otra condena de diez años de presidio por el caso en que un jurado lo halló ulpable de actos lascivos contra su hijastra.