En juicio del ex presidente de la Cámara

Nydia Bauzá  PRIMERA HORA

Misla y Freddy, enfrentados en corte.

El convicto ex presidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Aldarondo regresa este martes al banquillo de los acusados para encarar el juicio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el que se le acusa de 16 delitos de cuello blanco.

Misla será juzgado por tres casos de corrupción: la compraventa del Hospital de Manatí, el contrato de servicios profesionales que le otorgó en 1997 a su correligionario senador novoprogresista Freddy Valentín y la supuesta extorsión a un comerciante del Programa WIC de Caguas.

En los primeros dos casos, Valentín declarará contra su otrora amigo de las lides políticas, conforme a un acuerdo que logró esta semana el también convicto ex senador, a cambio de ser recomendado para una sentencia de seis años en probatoria, concurrente, con la que cumple en el foro federal.

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, Valentín se comprometió a "cooperar con el sistema para que la verdad se aclare".

Misla, quien está preso en la Cárcel Federal de Guaynabo, envió el jueves una carta vía fax a PRIMERA HORA, en la que describió a Valentín como "un delincuente" y lo acusó de mentir bajo juramento para salvarse de ir a prisión.

La fiscal especial independiente (FEI) Ana Paulina Cruz dijo que Valentín declarará contra Misla en los cargos relacionados con el contrato de la Cámara y la compraventa del Hospital de Manatí. En estos últimos cargos declarará también contra el ex presidente de la Cámara su amigo y ex compañero de estudios de la escuela Gabriela Mistral, el médico José Iván Ramos Cubano.

El juicio está asignado a la Sala 1105, que ahora preside la jueza superior Raquel Irlanda. Sin embargo, las últimas mociones las resolvió el juez administrador, Heriberto Sepúlveda Santiago.

En la más reciente, emitida el 3 de febrero, Sepúlveda declaró ha lugar una solicitud de la defensa de separar el caso del Programa WIC. La abogada de Misla, Laura Maldonado, pidió la separación, "toda vez que los hechos no guardan relación alguna con los demás cargos que se le imputan al acusado".

Sin embargo, la fiscal Cruz se opuso por entender que todos los delitos imputados forman parte de "un esquema o plan común para obtener beneficios económicos derivados de su gestión pública".

Aunque Sepúlveda separó este caso, se espera que los demás se vean inmediatamente.

En el caso del Programa WIC, a Misla se le acusa de un cargo de influencia indebida. Se le imputa haber actuado en concierto y común acuerdo con el ex representante penepeísta José A. Núñez para gestionarle una licencia a un comerciante de Caguas entre 1992 a 1994 a cambio de que éste le pagara la suma de $15,000. Por estos hechos, un jurado halló culpable a Núñez el pasado mes de diciembre.

Misla también encara cuatro cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental por omitir información de sus ingresos en los informes financieros que venía obligado a rendir cuando estaba en la Legislatura.

Enfrenta otros cuatro cargos de perjurio por radicar declaraciones juradas falsas en la Secretaría de la Cámara sobre sus ingresos bajo la Ley de Legislador a Tiempo Completo y cuatro cargos de soborno, tres de los cuales se relacionan con el contrato de asesoría que le otorgó a Valentín y del cual se alega que el ex senador estadista le tenía que dar a él $1,000 por debajo de la mesa.

El cuarto cargo de soborno tiene que ver con la alegada intervención de Misla en la venta del Hospital de Manatí, al igual que otros tres cargos de influencia indebida. Según la evidencia en poder del FEI, Misla recibió unos $105,000 por la venta del hospital. El ex legislador cumple una condena federal por cargos similares.