La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos estará a cargo de la investigación de los actos que culminaron en la muerte de Filiberto Ojeda Ríos a manos de agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

Mientras, abogados de la familia de Ojeda Ríos le cursaron una carta al director del FBI en Puerto Rico y a la Fiscalía Federal reclamándole que preserven y le permitan acceso a la documentación y evidencia recopilada, incluyendo la residencia en que se ejecutó el operativo.

El comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, informó a EL VOCERO que ayer en la mañana el director del FBI en Washington, Robert Mueller, le llamó para comunicarle de la división que estaría a cargo de la investigación, que se le anticipó desde el sábado.

Al cuestionársele sobre la confiabilidad que pueda presentar una investigación que realice el propio gobierno federal sobre las actuaciones de sus dependencias, Fortuño describió la Oficina como un ente independiente que, incluso, ha investigado hasta a presidentes de Estados Unidos.

"No tengo la menor duda. Esta oficina investiga casos de derechos civiles, fraude, se dedica a esto y entendería que es la oficina correcta para hacer esta investigación", opinó Fortuño. "El Inspector General es una figura independiente".

El director de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Robert Fine, sería la persona que estaría a cargo de la investigación. El Senado estadounidense confirmó a Fine en ese cargo en diciembre del 2000, antes de que la actual administración del presidente George W. Bush llegara a la Casa Blanca.

Para Fortuño, el que el Director del FBI en Washington se comunicara personalmente con él en horas de la mañana del primer día laborable luego del incidente, muestra un interés por que se disipen todas las dudas que han despertado las actuaciones de los agentes federales, quienes aparentemente le hirieron con un balazo y le dejaron morir sin que se le ofreciera asistencia médica.

"El hecho de que el propio Director del FBI confirmara que el Inspector General va a ser el encargado de hacer la investigación y que lo hiciera hoy (ayer) en la mañana, demuestra que está interesado en que cualquier duda que pueda haber se aclare lo antes posible", afirmó.

En Puerto Rico, un grupo de seis abogados le enviaron una carta al jefe del FBI, Luis Fraticelli, y al jefe de los fiscales federales, Humberto García, reclamándole acceso a toda la evidencia que documente los eventos que resultaron en la muerte de Ojeda Ríos.

"Ante la posibilidad de un potencial litigio criminal y civil en contra de los que causaron su muerte, le escribimos formalmente para demandar que preserven toda la evidencia que documente los eventos que resultaron en su muerte, desde el 1ro. de septiembre de 2005 hasta la fecha en que los agentes se retiraron de su casa, incluyendo, pero no limitándose a toda las comunicaciones orales y escritas, todas las imágenes visuales capturadas, fotografías, cintas, vídeos, textos, mensajes y correos electrónicos", lee la misiva entregada a la mano ayer.

En nombre de la viuda, Elma Beatríz Rosado Barbosa, solicitan que cesen y desistan de alterar lo que entienden puede ser la escena de un crimen, además del retiro de los agentes para permitirle acceso a la residencia y documentarla.

Además, reclaman los nombres de todos los agentes que participaron del operativo federal, especialmente el del francotirador que le propinó el disparo que resultó en su muerte.

Wilma Reverón, una de las abogadas firmantes de la carta, expresó que la preocupación de la representación legal de Rosado Barbosa es que el FBI se encuentre alterando la escena de un crimen por todo el tiempo que la han mantenido bajo su custodia.

"Ellos entraron disparando ráfagas contra toda la residencia, tenemos temor de que estén empañetando, pintando y cubriendo la evidencia", indicó Reverón. Recordó que alterar una escena de un crimen se considera un delito por ser obstrucción a la justicia.

Admitió que aún no han decidido qué acción se seguirá si no se les permite el acceso a la información solicitada, pero que tienen entre sus alternativas utilizar algún recurso legal ante el tribunal federal o el estatal. Aún la batería de abogados no lo ha decidido.