SAN JUAN (EFE).- La Fiscalía estadounidense en Puerto Rico anunció hoy el arresto de los ex dirigentes del Partido Nuevo Progresista (PNP), René Vázquez Botet y Marcos Morell Corrada.

Vázquez Botet fue director de las campañas a gobernador de Pedro Rosselló en 1992 y 1996, y se desempeñó como Director de Finanzas del PNP en el primer cuatrienio del ahora candidato a la gobernación.

Por su parte, Morell Corrada fue secretario general del PNP en el primer cuatrienio de Rosselló.

El dúo fue acusado por los delitos de conspiración, extorsión y fraude en torno a los contratos para la construcción del superacueducto, de acuerdo a las autoridades federales.

El coste del superacueducto fue de $372 millones, aunque originalmente la cifra que se anunció para la edificación fue de poco más de $100 millones.

El dinero extorsionado fue para beneficio personal de los acusados y no para el PNP, señaló la Oficina Federal de Investigación (FBI), aunque se mencionó que parte de la suma se utilizó para pagar actividades del PNP.

El ex vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Granados Navedo, se declaró culpable la semana pasada en torno a los hechos y colabora con las autoridades.

La investigación no ha concluido, por lo que no se descartan más arrestos.

Morell Corrada recibió $125,000 bajo un esquema de presuntos servicios legales, los que nunca realizó. El abogado puede ser condenado a 110 años de prisión y $2.5 millones en multas.

Mientras que el médico Vázquez Botet obtuvo $300,000 y se enfrenta a una pena de 100 años de prisión y $2 millones en multas.

Por su parte, Granados Navedo admitió ante un Gran Jurado que recibió $150,000 como parte del esquema criminal. El ex líder estadista aceptó culpabilidad por el delito de conspiración y se enfrenta a cinco años de cárcel y $250,000 de multa.

Granados Navedo renunció en el cuatrienio pasado a su cargo de vicepresidente de la Cámara baja, en medio de un escándalo de donativos políticos que recibió en una caja de zapatos.

De acuerdo a la acusación, el trío demandó más de $2 millones al contratista a cargo de la construcción del superacueducto, a condición de asegurar y mantener el contrato de edificación.