EL VOCERO / Alvin J. Báez
Por: Ivonne Y. Rosario
Redactora – EL VOCERO

El Secretariado Internacional de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, emitió ayer un comunicado para informar que estará atenta a la investigación que el Departamento de Justicia realizará en torno a la muerte del líder machetero, Filiberto Ojeda Ríos.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico, Margarita Sánchez, se mostró complacida con la comunicación del Secretariado, y destacó que es un logro para el pueblo, pues en pocas ocasiones el Secretariado emite un comunicado.

En Puerto Rico lo ha hecho en dos ocasiones anteriores: cuando se dio el abuso de la fuerza policiaca en Vieques y cuando se discutía la Ley de Sodomía.

"Estos hechos, por ser bastante irregulares, se entiende es necesario una investigación amplia y completa de todos los elementos", dijo Sánchez.

Señaló que AI inicialmente aceptará que la investigación pueda ser realizada por la oficina independiente del Departamento de Justicia, sin embargo, "por la delicadeza del asunto, Amnistía observará muy bien el proceso de investigación que Justicia realizará".

Advirtió que si la investigación no cumpliese con los requisitos esenciales de una pesquisa como ésta, "estaremos investigando por nuestra parte".

Entre los puntos que el Secretariado emitió, se destaca un llamado a una investigación independiente, el reconocimiento de la posible investigación desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la necesidad de que la investigación cumpla con los estándares de amplitud, independencia e imparcialidad, y hace hincapié en la necesidad de una evaluación completa de los hechos. Señala que si el Negociado Federal de Investigaciones deliberadamente asesinó o dejó morir a Ojeda Ríos, entonces podría tratarse de una "ejecución extrajudicial".

Desde el 23 de septiembre de 1990, Ojeda Ríos permanecía en el clandestinaje tras quitarse el grillete mientras esperaba por la celebración de un juicio por el robo de $7.2 millones a la Wells Fargo en Hartford, Connecticut, en el 1983.