Firuzeh Shokooh Valle  PRIMERA HORA

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), William Ramírez, opinó que el Gobierno de Puerto Rico estuvo involucrado en el operativo que culminó con la muerte de Filiberto Ojeda Ríos.

Ramírez, un abogado experto en derechos civiles, indicó ayer que el hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cortara la luz, por orden del FBI, en el sector Plan Bonito en Hormigueros, donde vivía Ojeda Ríos, a las 8:10 de la noche del viernes pasado y que hubiera policías estatales en el área desde temprano en la tarde implica que el Gobierno debe haber tenido información sobre el operativo federal.

"Tenemos información de que el Gobierno de Puerto Rico estuvo involucrado de alguna manera", dijo ayer en conferencia de prensa en la sede del capítulo en Puerto Rico de ACLU. No precisó, sin embargo, exactamente cuál era esa información más allá de la mencionada participación de las agencias.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá criticó la manera en que se llevó a cabo el operativo porque no se le informó a las autoridades locales.

A preguntas sobre si estas agencias pudieron haber sido cómplices, contestó que "es muy preliminar saber si fueron cómplices. El FBI alega que fue en defensa propia, pero toda la evidencia indica que la persona se desangró y que le disparó un francotirador".

El dirigente del Ejército Popular Boricua-Macheteros murió desangrado el Día del Grito de Lares luego de recibir un tiro de un rifle de asalto de un agente del FBI. La viuda de Ojeda Ríos, Elma Beatriz Rosado –la única testigo además de los agentes–, declaró que la primera ráfaga de tiros provino de los agentes y que su esposo reclamó la presencia de un periodista para entregarse, mientras que el FBI alega que actuó en defensa propia. El Departamento de Justicia encontró que los agentes dispararon en más de 100 ocasiones y Ojeda Ríos entre cinco y diez.

El director ejecutivo de ACLU en Puerto Rico advirtió que la legislación federal USA Patriot Act, aprobada semanas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, amplía las facultades y los poderes del FBI especialmente en áreas de vigilancia, de búsqueda de documentos y de registros secretos sin la mediación de órdenes judiciales. Esta ley está pendiente de ser reautorizada en diciembre próximo.

"Son poderes muy amplios y a todas luces inconstitucionales", expresó Ramírez.

De hecho, el director ejecutivo de la AEE, Edwin Rivera, justificó su acción en una entrevista televisiva –que se mostró ayer– amparado en que la Patriot Act establece unos "protocolos nacionales". Mencionó, además, el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes instaurado por el Departamento de Seguridad Nacional, que uniforma las respuestas de las agencias a emergencias en los niveles federal, estatal y local.

Ramírez propuso la creación de un comité independiente para investigar los sucesos del 23 de septiembre en Hormigueros. La creación de este comité debía conllevar acción legislativa para asegurar sus poderes. Destacó que una investigación independiente es necesaria si tanto las autoridades nacionales como federales estuvieron involucradas. El Departamento de Justicia y de la Oficina del Inspector General en Estados Unidos realizan sus propias investigaciones.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico, Margarita Sánchez, informó por otra parte que su organización supervisará "críticamente" ambas investigaciones. Afirmó que la oficina del Inspector General tiene un "buen récord" en investigaciones que Amnistía ha seguido de cerca.

"Quiero dejar claramente establecida la gravedad de los hechos, que requieren investigaciones serias y profundas para el bienestar del pueblo", dijo Sánchez en la conferencia de prensa.

Ambos activistas de derechos humanos advirtieron que la Patriot Act permite la intervención sin la mediación de garantías constitucionales de un agente o entidad federal ante cualquier amenaza "sea real o no". Sus expresiones se dan en el marco de las declaraciones del Ejército Popular Boricua-Macheteros el día del entierro de Ojeda Ríos en que juraron "hacer justicia" tras la muerte de su líder. El comunicado fue firmado por alguien identificado como el comandante Guasábara.

ACLU llevará a cabo una campaña educativa para que la ciudadanía conozca sus derechos constitucionales y los pormenores de la Patriot Act.