Universidad de Panamá formulará querella contra Posada Carriles y sus secuaces
CIUDAD DE PANAMA, 25 de diciembre.—La opinión pública
panameña volvió a expresarse fuertemente contra la posibilidad
de
que sean liberados Luis Posada Carriles y los demás terroristas
que prepararon un atentado contra el Comandante en Jefe Fidel
Castro en el país del istmo.
Sobre el tema, Prensa Latina reportó palabras del dirigente
estudiantil Javier Viquez, quien aseveró en declaraciones al
respecto: "No podemos permitir que continúe la impunidad de estos
criminales, cuya acción pudo llenar de dolor y luto no solo al pueblo
cubano, sino a centenares de familias panameñas".
Similares sentimientos fueron expresados por Jorge González, del
Bloque Popular Universitario, y los dirigentes de la Coordinadora
Nacional de Solidaridad con Cuba, Lexeira Ramírez y Reinaldo
Rivera.
La complicada situación de Posada y compañía, incluso,
se hizo
más delicada debido a que la Universidad de Panamá solicitó
formalmente al procurador general de la Nación, José Antonio
Sosa, los expedientes de los terroristas para formular una querella
judicial contra ellos, en virtud de que se disponían a realizar
actos
criminales en instalaciones del alto centro.
Mientras, ante la cosecha de pruebas irrefutables, el sombrío
abogado Rogelio Cruz, contratado por la Fundación Nacional
Cubano Americana (FNCA), para defender a Luis Posada Carriles y
sus tres cómplices en el intento de atentado contra Fidel en
Panamá, no quiere que toquen a sus pupilos.
Cruz había impartido inicialmente instrucciones a los asesinos para
que no respondieran a ninguna pregunta, con el fin de dificultar al
máximo el proceso judicial, luego lanzó todo tipo de mentiras
abiertas e increíbles, como la absurda de que la Seguridad cubana
le había tendido una trampa, y ahora se opone tajantemente a que
les realicen una simple prueba de ADN para verificar a quién
pertenecen hebras de cabello humano encontradas en el maletín
que contenía 20 kilogramos del explosivo C4 ocupado por la policía
panameña.
Los exámenes de ADN son acostumbrados en Panamá para
realizar comprobaciones casi rutinarias acerca de las pruebas
materiales que reúnen los investigadores, pero el señor Rogelio
Cruz, habida cuenta de que su labor es entorpecer el proceso para
dar tiempo a que se acumulen las presiones sobre el gobierno
panameño, rechazó la solicitud de la fiscal primera de circuito
penal, Argentina Barrera.
Los analistas han hecho notar que como le va a costar trabajo
demostrar la falta de culpabilidad de sus defendidos, el leguleyo
Cruz recurre a todo tipo de artimañas para tratar de evitar que
las
pruebas materiales sean comprobadas y de esa forma dar tiempo
a la Fundación a urdir el plan de rescate de Posada y sus
secuaces.
El picapleitos, ex procurador de su país cuando los
norteamericanos intervinieron militarmente en Panamá, arguyó
que
esas diligencias no son obligatorias, al tiempo que insistía en
que
se debían responder varios recursos legales interpuestos por él
para obtener la liberación de los terroristas.
Realmente, tendría que estar loco el que dispusiera la
excarcelación de semejantes criminales y someter con ello al
peligro de muerte a los ciudadanos del área, porque esos
elementos amenazan a todo el mundo.