JEAN-GUY ALLARD

La investigación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción panameña contra ex funcionarios involucrados en la excarcelación y salida de Panamá de Luis Posada Carriles y otros tres terroristas miamenses indultados con él, pudiera permitir desenmascarar, por fin, a los que asistieron a Santiago Álvarez en sacar al viejo asesino del país istmeño con documentos entregados por agentes de la Embajada norteamericana.

En diciembre del 2004, un video de una cámara de seguridad del aeropuerto de la capital de Panamá mostró cómo tres de los individuos cuyos servicios fueron comprados por la mafia de Miami, en su conspiración para liberar al terrorista internacional, fraternizaban con los cuatro asesinos y arreglaban subrepticiamente cada detalle de sus trámites migratorios.

El video señalaba al ex director de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés, al ex subdirector de Migración, Javier Tapia, y al jefe de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP), Arnulfo Escobar.

La fiscal primera Anticorrupción de Panamá, Mercedes De León, anunció el viernes pasado, que investigará a colaboradores y funcionarios del Gobierno de la ex presidenta mafiosa Mireya Moscoso en relación con esa liberación ilícita.

Posada Carriles fue condenado el 20 de abril del 2004, por el juez quinto del ramo Penal, José Ho, a ocho años de cárcel "por atentar contra la seguridad colectiva, incluido el bien común, y la falsificación de documentos".

Entre los varios implicados en el caso aparecen el ex ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, el mayor de la Policía Nacional Casto Amor Ramos, la ex Directora de Migración, Ilka Barés, Arnulfo Escobar y Javier Tapia.

También serán llamados a declarar el propio ex director policial Barés y la ex directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro, la que con tanta complacencia organizaba las exposiciones de "pinturas" de Posada, a las cuales asistió una Moscoso maravillada.

Ya el Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá ha autorizado la ampliación de las sumarias, ante numerosas evidencias de la "salida irregular" de Posada y de sus cómplices Guillermo Novo, Gaspar Jiménez y Pedro Remón. Estos tres últimos viajaron luego a Estados Unidos sin interferencia alguna, tanto de los funcionarios norteamericanos de inmigración como del FBI, mientras Posada se quedaba en Honduras con un pasaporte norteamericano.

Carriles y sus compinches fueron capturados en noviembre del 2000, luego que el Presidente Fidel Castro denunció un complot para asesinarlo, a su llegada a este país donde participó en la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

El juez Ho también había condenado a ocho años de cárcel a Jiménez, y a siete años a Novo y Remón por asociación ilícita para delinquir y posesión de explosivos.

LOS COMPRARON A TODOS

Sin embargo, el 26 de agosto del 2004, a las 4:30 de la mañana, los cuatro terroristas fueron sacados de la cárcel de El Renacer en un espectacular operativo en el que el propio Barés, ex jefe de la Policía Nacional, abrió las celdas de los delincuentes sin notificar al director de la prisión, Ricardo Apú.

Desde la cárcel, situada a unos 40 kilómetros al sudeste de la capital, Posada y sus cómplices fueron conducidos encapuchados hacia el aeropuerto local de Albrook.

Ahí abordaron una avioneta hasta el aeropuerto internacional de Tocumen, donde les esperaban dos aviones que habían sido fletados en Miami y pagados por el multimillonario madrileño-miamense Leopoldo Fernández Pujals, Jorge Mas Santos, jefe de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), el propio Santiago Álvarez y miembros conocidos del Cuban Liberty Council.

Durante meses, el terrorista Santiago Álvarez dirigió en Miami —con la bendición de las autoridades norteamericanas— una campaña para recolectar fondos a fin de comprar la liberación de los cuatro terroristas. Mientras tanto, la Administración de Mireya Moscoso negaba la existencia de tal conspiración hasta que, el 26 de agosto, a unas horas de abandonar la presidencia, firmaba el indulto que permitía a los cuatro asesinos retomar sus actividades.

La grabación antes mencionada había sido obtenida por la televisión panameña gracias a las pesquisas desarrolladas entonces por el fiscal superior especial, Arquímedes Sáez, quien intenta establecer las responsabilidades criminales en las gestiones ilegales. Hay que recordar que Sáez fue quien obtuvo la condena de los cuatro terroristas ante los tribunales.

CÁLIDA DESPEDIDA A LOS CRIMINALES

El video, presentado en canales locales de televisión, mostraba una amena despedida a Posada Carriles y a sus cómplices Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón, en la que Barés y sus cómplices se abrazan con los delincuentes e intercambian documentos, pastelerías y tazas de café.

Se constató luego que, en la bitácora de la terminal aérea no se encuentran registros de esa partida, como tampoco boletas de embarque.

La fiscal Mercedes De León ordenó ahora la práctica de diligencias indagatorias y pruebas documentales para acreditar otros hechos relacionados con la participación de los implicados.

Dos directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, José Francisco "Pepe" Hernández Calvo y Alberto Hernández Sarduy, viajaron a El Salvador en la primera semana de agosto del 2000 para reunirse con Posada. Gaspar Jiménez viajó luego a este país para ultimar detalles del complot para asesinar a Fidel en Panamá.

Entre otras personalidades, el jurista Silvio Guerra ha calificado la liberación de Posada como una "aberración". Grupos estudiantiles y sindicatos panameños también denunciaron el indulto.

En los meses posteriores a la liberación de Posada, documentos publicados por el sitio web Rebelión afirmaron que la maniobra fue negociada en Miami por Ruby Moscoso, hermana de Mireya Moscoso, por una suma de 4 millones de dólares.

También se supo que Posada Carriles usó documentos falsos, facilitados por la Embajada norteamericana en Panamá, para salir del país istmeño. El narcoabogado Rogelio Cruz fue quien informó a Barés que Posada poseía documentos para "salir de Panamá sin ningún tipo de problemas".

Según Rebelión, en agosto del 2002, un norteamericano llamado John visitó a los presos. Barés puso un carro con un cabo de la Policía de chofer a la disposición del sujeto, quien "salía y entraba de la cárcel sin tener que pedir permiso", tal como lo hacía en la sede de la Policía y en la Embajada norteamericana.

En esta reunión, Posada indicó que escogió a unos cómplices potenciales y nombra a Antonio "Tony" Iglesias Pons, Santiago Álvarez Fernández- Magriñá, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón.

Santiago Álvarez y un cómplice, Osvaldo Mitat —quien se apareció repetidamente en Panamá durante el juicio de Posada y reapareció a bordo del barco Santrina cuando el asesino entró ilegalmente en Estados Unidos—, deben comparecer en los próximos días ante un tribunal de la Florida por posesión ilegal de armas.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción panameña pudiera permitir ahora descorrer el velo que rodea este caso, en el cual los extremistas miamenses hicieron intervenir, gracias a sus lazos con el clan Bush, a los entonces altos funcionarios del gobierno norteamericano, Colin Powell y Otto Reich.