Alerta Cuba sobre posible fuga del connotado terrorista Luis Posada Carriles
Texto íntegro de la nota dada a conocer hoy por el Ministerio de
Relaciones Exteriores :
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha conocido que en días
pasados, el señor Rogelio Cruz, abogado defensor del connotado
terrorista Luis Posada Carriles, anunció que su defendido ha sido
trasladado a una clínica privada en Panamá alegando su
deteriorado estado de salud.
Ante esta noticia, el Ministerio considera necesario recordar cómo
se ha desarrollado el proceso judicial contra Luis Posada Carriles,
caracterizado desde el inicio por irregularidades, decisiones
motivadas políticamente y acciones que se dirigen a propiciar una
fuga de los terroristas o la impunidad por sus crímenes.
Poco después de que las autoridades de la República de Panamá
rechazaran la justa solicitud de extradición formulada por las
autoridades judiciales cubanas contra los cuatro terroristas, por los
crímenes que durante décadas han cometido contra nuestro
pueblo, perfectamente documentada en cuatro expedientes de
extradición de más de dos mil páginas, un grupo de
organizaciones
obreras, estudiantiles e indígenas de la República de Panamá
presentaron cuatro querellas contra los terroristas detenidos.
Nuestro pueblo recordará que el atentado que se planificaba contra
la vida del Comandante en Jefe, se perpetraría en el Paraninfo de
la
Universidad de Panamá, en el momento de efectuarse un acto de
solidaridad con Cuba, en el que, de no haberse frustrado por la
cooperación de los órganos de seguridad cubanos y la rápida
actuación de los órganos de seguridad panameños, hubiesen
muerto centenares de personas, incluido obreros, estudiantes e
indígenas panameños participantes en dicho acto.
Esas cuatro querellas fueron, en su momento, inexplicablemente
rechazadas por un tribunal panameño, y aunque las organizaciones
del caso apelaron a la Corte Suprema de Panamá, aduciendo la
pertinencia de éstas ante el proceso que se seguía contra
los
cuatro terroristas, aún esperan un fallo del máximo tribunal
de la
República de Panamá. De ser este positivo, estas querellas
pondrían en manos de los tribunales panameños elementos
adicionales para poder juzgar y condenar a los acusados.
Simultáneamente con esta indefinición, nuestro pueblo también
conoció que, como resultado de los procedimientos judiciales que
existen en la República de Panamá, los cuatro terroristas
no serían
juzgados por "intento de asesinato", figura jurídica por la que,
obviamente, se les podrían imponer penas más severas, sino
exclusivamente por posesión de explosivos, asociación ilícita
para
delinquir, delitos contra la seguridad pública e ingreso ilegal
al país,
figuras delictivas de menor entidad.
A la vez, también hubo intentos por parte de magistrados
panameños de declararse incompetentes para presidir el tribunal
que juzgaría la causa, lo que requirió, una vez más,
la intervención
de tribunales superiores del país istmeño.
Junto a estos extraños acontecimientos, se conoció una inusitada
actividad de la mafia terrorista de Miami, con constantes viajes a
Panamá, con comparecencias de algunos de sus personeros
transmitidas por emisoras televisivas panameñas, e incluso,
entrevistas con autoridades de Panamá, todas ellas relacionadas
con el caso de los cuatro terroristas detenidos y con sus intentos
de lograr la impunidad de sus cómplices.
Nuestro Gobierno pudo comprobar, incluso, que terroristas de
origen cubano residentes en el territorio de los Estados Unidos, que
habían participado junto con Luis Posada Carriles y sus cómplices
en el frustrado atentado de noviembre del año 2000 contra el
compañero
Fidel, y que, además, nuestras autoridades judiciales reclamaban
por otros actos terroristas contra Cuba, se encontraban entre
aquellos que visitaban regularmente a los terroristas en Panamá.
Entre ellos, el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriña,
individuo sujeto al Expediente Nº 10 del año 2001 del Órgano
de
Instrucción del Departamento de Seguridad del Estado de la
República de Cuba, que demuestra que dicho sujeto financió
y
organizó un intento de infiltración en nuestro país
de tres individuos
pertenecientes a la organización terrorista F-4, radicada en el
estado de la Florida, Estados Unidos, y que fueran capturados en
un medio naval por los órganos de seguridad de la República
de
Cuba, luego de un combate, y en posesión de fusiles automáticos
y
semiautomáticos, y otras armas de guerra.
Por tanto, y de conformidad con el Código Judicial panameño
y la
práctica internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
a
través de la Embajada de nuestro país en Panamá solicitó,
el
pasado 16 de mayo, la detención provisional con fines de
extradición del citado terrorista Santiago Álvarez
Fernández-Magriña.
Como se conoce tales sujetos que viajan sistemáticamente de
Miami a interceder por los terroristas detenidos, se dedican a
organizar planes de fuga, y entregar para su ejecución los recursos
necesarios, en un complot similar a aquel mediante el cual Luis
Posada Carriles escapó de una prisión venezolana.
A ello se añade el hecho de que en semanas recientes, el propio
abogado Rogelio Cruz, ante la solicitud de extradición que contra
Posada Carriles presentó la República Bolivariana de Venezuela,
publicó en la prensa panameña un artículo pagado mediante
el cual
trataba de justificar que su defendido no se había "fugado" de una
prisión venezolana, sino simplemente había "salido" de ella
caminando y sin que nadie se lo hubiese impedido, a la par que
intentaba, también, hacer ver la inocencia de Luis Posada Carriles
del crimen de Barbados, presentándolo como un manso cordero,
injustamente acusado por nuestro
Gobierno. Parece que el Sr. Rogelio Cruz olvidó los relatos que
el
propio terrorista Posada Carriles le hiciera, hace pocos años, a
la
prensa norteamericana, donde no solo reconocía sus crímenes
contra Cuba y su pueblo, sino se jactaba de ellos.
A estos hechos, que incluyen, entre otros, el injustificado rechazo
de las autoridades de la República de Panamá a la solicitud
cubana
de extradición, la falta de respuesta a la solicitud de extradición
presentada por la República Bolivariana de Venezuela, las tantas
irregularidades judiciales de que hemos sido testigos en este
proceso, y las visitas constantes de personeros de la mafia
miamense a Panamá, se añade ahora el traslado del terrorista
Luis
Posada
Carriles a la clínica privada San Fernando, en lugar de recluirlo
en la
sala de presos del Hospital Santo Tomás, donde las autoridades
panameñas cuentan con las medidas de seguridad necesarias
para evitar la fuga que pudiese estarse fraguando.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores no puede menos que
parecerle sumamente extraño este proceder, máxime cuando
fuera
autorizado por el Presidente del Segundo Tribunal de la República
de Panamá, señor Joaquín Ortega, el mismo que en su
momento
rechazara las querellas presentadas contra los cuatro terroristas
por las organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas
panameñas.
En ocasiones anteriores, cuando se han producido traslados de
estos terroristas a instalaciones hospitalarias sin la debida custodia
y sin la seguridad adecuada, nuestro gobierno ha denunciado que el
traslado de los terroristas a dichas instalaciones constituye uno de
los pasos de una eventual fuga, y ha alertado a las autoridades
panameñas sobre su responsabilidad de evitar que tan peligrosos
y
siniestros personajes, que disponen de una red terrorista en
Centroamérica y Estados Unidos que les apoya y brinda recursos
financieros y de otro tipo, escapen de la acción de la justicia.
En esta ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores está
procediendo a una alerta similar a fin de que se prevenga la
eventual fuga del terrorista Posada Carriles, y ha vuelto a reiterar a
las autoridades panameñas su responsabilidad en la adopción
de
las medidas pertinentes para evitar la consumación de los planes
que han elaborado y financiado los grupos terroristas de origen
cubano que operan hoy impunemente desde el territorio de los
Estados Unidos, donde tan excelentes relaciones mantienen con el
Sr. Bush unos cuantos de ellos y sus jefes, que participaron en su
acto del 20 de mayo.
La Habana, 23 de junio del 2002