WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

La batalla legal del militante anticastrista Luis Posada Carriles por obtener su libertad condicional recibió ayer un duro revés ante un tribunal federal de El Paso, Texas, que consideró la petición como improcedente.

El juez federal Phillip Martínez desestimó la solicitud de hábeas corpus presentada el pasado abril, lo que pone en un impasse el caso migratorio de Posada y delega momentáneamente la responsabilidad de su custodia en el Departamento de Justicia.

Los abogados que representan a Posada dijeron anoche que pedirán de inmediato una reconsideración de la orden judicial y solicitarán una fianza a la jueza Kathleen Cardone, designada en el proceso penal contra el exiliado cubano.

''Esta orden constituye, de hecho, un aplazamiento de la decisión sobre la libertad condicional de mi cliente como consecuencia del proceso penal en marcha'', dijo Arturo Hernández, principal abogado de la defensa.

A comienzos de enero, Posada fue encausado bajo siete cargos por mentir a las autoridades estadounidenses durante su proceso de naturalización. El juicio está fijado para iniciarse el próximo 11 de mayo en un tribunal federal de El Paso.

La decisión judicial implica que, si Posada resultara absuelto en el proceso penal por fraude y falso testimonio, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) tomaría nuevamente jurisdicción sobre su custodia y el tribunal tendría que reconsiderar los méritos de la solicitud de hábeas corpus.

En una curiosa aclaración a pie de página, el juez Martínez se mostró ayer contrariado con el DHS por no presentar las evidencias requeridas para justificar indefinidamente la detención de Posada, en cautiverio desde el 17 de mayo del 2005.

El juez había otorgado hasta el 1ro. de febrero para que el gobierno argumentara las razones por las cuales la libertad condicional del detenido ''tendría consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos'', según una moción del pasado 5 de octubre.

Días después del encausamiento, el DHS optó por un recurso para desestimar el hábeas corpus alegando que la jurisdicción del acusado había pasado a manos del Departamento de Justicia.

''La respuesta [del DHS] cumple con la letra, pero no con el espíritu de la orden del tribunal que pedía razones para no considerar la solicitud de libertad condicional'', escribió Martínez. ``El DHS tuvo tres meses para hacer eso y, en su lugar, eligió no informarle al tribunal de manera apropiada''.

''Lo más importante es que el juez ha advertido al gobierno que está jugando con los tecnicismos y se está esquivando la esencia del caso, que es el encausamiento de Posada por sus acciones terroristas y no sólo por mentiroso'', expresó anoche José Pertierra, quien representa al gobierno venezolano en la solicitud de extradición.

Venezuela exige a Washington la extradición de Posada, de 79 años, a quien responsabilizan por el atentado a un avión cubano con 73 pasajeros en 1976.