Ratifican legalidad de detención de Posada Carriles y sus cómplices
PANAMÁ, 28 de enero.— Los cuatro terroristas acusados de planear
un
atentado contra el Presidente de Cuba, Fidel Castro, continuarán
en prisión en
Panamáluego de que un tribunal declarara legal su detención,
indicaron hoy
fuentes oficiales, reporta Prensa Latina.
Un vocero de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que el Segundo
Tribunal Superior consideró legal la detención de Luis Posada
Carriles y sus
cómplices implicados en la preparación de un atentado contra
el mandatario
cubano durante la X Cumbre Iberoamericana, celebrada en esta nación
istmeña.
La instancia judicial rechazó el habeas corpus demandado por Rogelio
Cruz,
abogado defensor de los complotados, que permanecen en prisión preventiva
desde noviembre del 2000, luego de que el propio Fidel Castro denunciara
el
intento de magnicidio.
Cruz había solicitado la excarcelación de Posada Carriles,
Gaspar Jiménez,
Guillermo Novo y Pedro Remón, después que el Juzgado Quinto
del Circuito
Penal aplazó la semana pasada el juicio contra ellos y otros dos
detenidos.
De acuerdo con las investigaciones, el atentado contra el gobernante antillano
iba a ser ejecutado con poderosos explosivos C-4, PETN y RTX, los cuales
son
de uso militar y no se encuentran a la venta pública en el istmo.
Los detenidos trataron de aprovechar la visita del Presidente cubano a
este país
durante la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica y sus actividades
paralelas al evento, como una conferencia que dictaría en el Paraninfo
de la
Universidad capitalina con la participación de 2 000 personas.
Tanto Posada Carriles como sus cómplices están acusados de
posesión de
explosivos, atentar contra la seguridad colectiva y la fe pública
e integrar una
asociación ilícita para delinquir.
Desde la captura de los terroristas, de origen cubano, la defensa ha apelado
a
diversos subterfugios legales para conseguir su liberación.
A raíz de la reciente decisión de Cruz de recusar al juez
Enrique Paniza, quien
había presidido la causa desde sus inicios, el Gobierno de Cuba
criticó las
manipulaciones del abogado y calificó a la acción como una
nueva maniobra
para impedir que los tribunales panameños hagan justicia.
El juicio, suspendido la pasada semana hasta que el juez de la causa termine
de revisar las pruebas aportadas por las partes, aún no tiene fecha
de
celebración.