Este mes Panamá decide sobre extradición de Posada Carriles
POR LILLIAM RIERA —de Granma Internacional—
EN este mes de enero, Panamá decidirá si extradita al terrorista
Luis
Posada Carriles y a sus cómplices en un plan para asesinar al presidente
Fidel Castro durante la pasada Cumbre Iberoamericana en Panamá.
La petición fue presentada formalmente por Cuba el 29 de noviembre
pasado y es analizada detenidamente por funcionarios y abogados de la
Cancillería de la nación itsmeña, anunció el
ministro de Relaciones
Exteriores, José Alemán.
El Gobierno panameño dijo que si se prueba que éstos han
cometido los
delitos de los que se les acusa en su territorio (asociación ilícita
para
delinquir y tenencia de armamento prohibido) serán juzgados por
los
tribunales nacionales.
Pero Posada tiene un expediente mucho más grueso y negro, que incluye
su culpabilidad en la muerte de 73 personas que viajaban en un avión
de
Cubana que estalló en pleno vuelo en 1976 y el reclutamiento de
mercenarios para colocar bombas en hoteles de La Habana, entre otros.
Un grupo de fiscales cubanos viajó a Panamá para revisar
el expediente
de los detenidos. Según el diario El Panamá América
—que citó
fuentes judiciales— los fiscales cubanos ofrecieron entregar información
sobre las diligencias que se le siguen a Posada en Cuba y se reunieron
con la procuradora encargada, Mercedes de Grimaldo.
Desde la detención del connotado terrorista y sus cómplices
(Guillermo
Novo Sampoll, Gaspar E. Jiménez Escobedo y Pedro Remón
Rodríguez), el 17 de noviembre de 1999, en Panamá —horas
después
de que el presidente Fidel Castro denunciara ante la prensa su presencia
en ese país y el complot para asesinarlo— el caso no ha dejado de
acaparar la atención.
A las campañas de recaudación de fondos que lleva a cabo
la Fundación
Nacional Cubano-Americana (FNCA) para sufragar los gastos de
defensa de los terroristas, se añaden las maniobras de Rogelio Cruz,
el
sombrío abogado contratado por esa misma fundación para defender
lo
indefendible.
Recientemente, el abogado —quien pretende convertir a los victimarios
en víctimas— manifestó su oposición a que se le practiquen
a sus
clientes unas pruebas de ADN, indicadas por el ministerio fiscal que
atiende el caso, y que ayudarían a esclarecer a quién pertenecen
unas
hebras de cabellos encontradas, precisamente, en el maletín ocupado
por
la seguridad panameña al chofer de Posada y que contenía
20 kilos de
explosivo C-4.
Esta negativa se suma a las apelaciones presentadas para imposibilitar
que la fiscal primera de circuito penal, Argentina Barrera, le practique
a
los detenidos declaraciones indagatorias, o a la absurda pretensión
de
culpar a la seguridad cubana de haber colocado los explosivos
encontrados en el maletero del carro de los criminales.
¿Qué motivo puede tener este abogado para rechazar la realización
de
unos exámenes rutinarios a sus "clientes", que, sin embargo, podrían
ayudar a la comprobación de las pruebas materiales existentes? ¿Estará
dando tiempo a que Posada se fugue de la cárcel, con la ayuda de
la
mafia cubano-americana de Miami, como ocurrió en Venezuela en
1985?
El argumento esgrimido por quien fuera procurador de Panamá durante
la intervención militar norteamericana a esa nación, de que
no son de
carácter obligatorio y que esperaba la respuesta a varios recursos
legales
donde solicita la liberación de los cuatro cubano-americanos, es
bien
elocuente.
Ya Cruz no sabe de qué asirse para dilatar y obstaculizar un proceso
donde analistas han hecho notar que no le va a resultar fácil demostrar
la
"inocencia" de sus defendidos.
La situación se les complica al conocerse que la Universidad de
Panamá
va a presentar una querella judicial contra los terroristas por pretender
utilizar las instalaciones de ese alto centro de estudios para actos
criminales y por ello solicitó formalmente al procurador general,
José
Antonio Sosa, sus expedientes.
La opinión pública panameña se ha manifestado reiteradamente
contra la
posibilidad de que sean liberados y estudiantes universitarios y dirigentes
de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba expresaron su
repudio a que continúe la impunidad.
El jurista panameño Simeón González declaró
a la televisión cubana que
existen suficientes elementos para extraditar a la Isla a este criminal
cuarteto. Mientras que El Universal advirtió que lo que está
en juego,
en todo este asunto, es la credibilidad del Gobierno itsmeño.
Ahora se impone la pregunta: ¿podrá el Gobierno panameño,
en aras de
la justicia, enfrentar las presiones y maniobras desde EE.UU. en sentido
contrario?
No podemos olvidar que Posada tiene tantas causas pendientes como
"amigos" de dudosa reputación en Centroamérica. No por gusto
había
ingresado a Panamá con una de sus tantas identidades falsas, esta
vez a
nombre del salvadoreño Franco Rodríguez Mena.
A pesar de que algunos pretenden lanzar una cortina de humo y encubrir
la impunidad del connotado terrorista en El Salvador, el velo se
descubre.
El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional
(FMLN), Shakif Handall, en entrevista para la televisión de esa
nación y
retransmitida en La Habana, puso en claro la vinculación de algunos
personajes del Gobierno salvadoreño con Posada y con las masacres
perpetradas en esa nación durante la guerra.
Otro diputado del FMLN, Leonel González, afirmó que en su
país las
autoridades conocían bien las actividades de Posada y que la entrevista
concedida por Fidel a la televisión salvadoreña fue vital
para que las
personas en la calle conocieran realmente lo que pasaba sobre el asunto.
Según González, el Gobierno se ha dedicado a tratar de desmentir
los
planteamientos del Presidente cubano y a llevar a San Salvador a un
equipo desde Miami para intentar reducir el impacto de las verdades de
Cuba. Dios los cría y la mentira los junta.
Pero lo más "revelador" de todo ha resultado, sin duda, la declaración
de
Armando Calderón Sol, ex mandatario salvadoreño (1994-99),
quien no
le quedó más remedio que confirmar, el 21 de diciembre en
San
Salvador, que conocía de las reiteradas denuncias efectuadas por
Fidel
sobre la presencia y actividades del criminal en ese territorio
centroamericano.
En conversación con el Diario de Hoy, admitió que los planteamientos
de Cuba fueron analizados y archivados, e indicó que todavía
la Fiscalía
General de la República tiene pendiente la resolución sobre
esa
investigación.
Aunque calificó de "escueta" la información aportada por
las autoridades
de la Isla, a Calderón le fue imposible negar que ésta llegó
a sus manos
en abril de 1999, durante la Cumbre de la Asociación de Estados
del
Caribe, celebrada en Santo Domingo, y que fue transferida,
posteriormente, al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Ya es un hecho comprobado que Posada Carriles sí residía
en El
Salvador y que de allí viajaba libremente hacia otras zonas de
Centroamérica.
Con la fe de bautismo emitida en Tecapán, al este de San Salvador,
obtuvo documentos oficiales que, según informó el matutino
La Prensa
Gráfica, le permitió entrar y salir de El Salvador 59 veces
desde enero
de 1995, todas por vía aérea, para coordinar, organizar y
llevar a vías de
hechos sus actos criminales.
¿Sería sensato y justo dejar a merced de tales terroristas
a ciudadanos de
toda Centroamérica como los más de 2 mil asistentes al Paraninfo
de la
Universidad de Panamá?
Corte Suprema de Panamá declara legal detención de comando
terrorista
PANAMA.— La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró legal
la
detención del terrorista cubano Luis Posada Carriles y los demás
integrantes de un comando que se acusa de preparar un atentado contra
el presidente de Cuba, Fidel Castro, informó este jueves una fuente
legal, según AFP.
El ex procurador Rogelio Cruz, abogado defensor de Carriles y de los
cubanos Guillermo Novo, Manuel Díaz y Pedro Crispín Remón,
dijo
que la decisión adoptada el pasado 22 de diciembre por la Corte,
fue
apelada ante ese mismo organismo.
Cruz lamentó que la detención del comando terrorista se produjera
sin
que se les informara a sus defendidos "las razones de su detención
y sus
derechos constitucionales y legales" tal como establece la Constitución
de Panamá.