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La Sala Transitoria de la Corte Suprema confirmó ayer
la sentencia de 20 años de prisión impuesta a la norteamericana
Lori Berenson Mejía al encontrarla culpable de colaborar
activamente con el Movimiento Revolucionario Túpac Amarú
(MRTA).
La confirmación fue por mayoría de cuatro votos contra
uno. Precisamente el presidente de esta sala Guillermo Cabala se
pronunció por reducir la pena de Berenson a 15 años. Sin
embargo, al final la mayoría se impuso y confirmó la pena
de 20 años de carcelería y el pago de 100 mil soles de reparación
civil.
Es así que descontando el tiempo de carcelería que lleva
Berenson, esto es desde el 30 de noviembre de 1995, su pena culminará
el 29 de noviembre del 2015, luego del cual será expulsada del país.
Actualmente se encuentra cumpliendo su pena en el penal de Cajamarca.
El 20 de junio del 2001 la Sala contra el Terrorismo presidida por
Marcos Ibazeta Marino la condenó al considerar que la extranjera
mentía al decir que no sabía de las acciones terroristas
ni de los planes del MRTA. Sin embargo la defensa apeló y ahora
la Corte Suprema ratificó la pena impuesta por el tribunal superior
especial.
En ambas instancias, los magistrados descartaron además que
este haya sido un juicio político, indicando que no se puede condenar
a una persona por sus ideas. Sin embargo, cuando éstas sobrepasan
un límite se convierten en delito al realizarse hechos concretos,
penados por ley.
Los cargos
A Lori Berenson se le acusa de colaborar con el MRTA realizando las
siguientes acciones: facilitó el arrendamiento del inmueble ubicado
en la avenida Alameda del Corregidor Nº 1049-1051, Urbanización
El Remanso de La Molina Vieja, en la cual aparentó ser cónyuge
del panameño Pacífico Castrellón Santa María.
En dicho lugar se había implementado el centro de operaciones
del MRTA, lugar donde fue intervenido el cabecilla Miguel Rincón
Rincón, y un escuadron militar que se preparaba para tomar por asalto
el Congreso. Además se incautó en el lugar armamento y pertrechos
de guerra.
Asimismo, alquiló el inmueble ubicado en la Avenida Técnica
Nº 200 departamento 1101, Torres de San Borja, distrito de San Borja.
Aquí se incautaron uniformes del ejército y se ocultaba la
subversiva Nancy Gilvonio Conde desde los primeros días de octubre
de 1995.
También fue acusada de haber colaborado con dicho grupo subversivo
para adquirir diferentes medios de comunicación: beeper, teléfonos
celulares, computadoras y otros bienes incautados.
Además obtener junto a la terrorista Nancy Gilvonio Conde credenciales
de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con la
documentación que trajo de Estados Unidos y fungiendo ser corresponsales
de las revistas "Modern Times" y "Third Word Viewpoint" pudieron ingresar
al Congreso y entrevistar a diversos parlamentarios.
Precisamente, al momento de la intervención policial se encontró
el croquis de las instalaciones del mencionado edificio legislativo, un
listado de congresistas, ubicación de curules e incluso se le había
mandado a confeccionar a Castrellón una maqueta del Congreso de
la República.