JUAN ZAMORANO
 Associated Press

 Panamá -- Desde comienzos de siglo, los panameños vieron nacer y
 crecer el Canal de Panamá como una crucial ruta marítima mundial bajo
 el control y seguridad militar de los Estados Unidos.

 Pero en cuestión de un año -- el mediodía del 31 de diciembre de 1999
 -- eso cambiará, cuando la nación más poderosa transfiera el completo
 control de la importante vía interocéanica a Panamá, un país pobre de
 2.5 millones de habitantes.

 Ello no deja de preocupar a muchos panameños que perciben que este
 país no está preparado para enfrentar semejante reto, pero otros son
 más optimistas y piensan que se puede hacer una mejor administración y
 sacar más provecho económico al canal y a las áreas y edificaciones
 aledañas, valoradas entre $2,000 y $4,000 millones.

 Una encuesta de la empresa CID-Gallup publicada en noviembre y con
 un margen de error del 2.8 por ciento señaló que un 52 por ciento de
 panameños percibe que el país no está apto para llevar las riendas del
 canal, contra un 39 por ciento que opina lo contrario.

 ``La transferencia de un activo de la más grande potencia a un país del
 tercer mundo parte de una credibilidad de cero'', apuntó el analista
 político Roberto Eisenmann. ``Todo el mundo espera de que no salga
 bien y eso es un gran dilema... pero a la vez es una gran oportunidad...
 porque podemos impactar si lo hacemos bien''.

 Advirtió, empero, que el éxito dependerá mucho de que el canal se
 mantenga al margen de los vaivenes políticos.

 ``Estaríamos en una contradicción histórica el no estar preparados'',
 señaló el canciller y ministro de asuntos para el Canal, Jorge Ritter.

 Panamá ya elaboró las leyes que regirán el funcionamiento del canal. A
 partir del 2000, la Autoridad del Canal, un ente autónomo política y
 financieramente, sustituirá a la comisión, la agencia federal de Estados
 Unidos que administra la vía desde 1977.

 Panamá opera prácticamente el canal, ya que el 90 por ciento de los
 aproximadamente 8,000 trabajadores canaleros son panameños.

 Sin embargo, persiste el temor de que intereses políticos se inmiscuyan
 en los asuntos del canal. Los opositores criticaron hace poco al gobierno
 del presidente Ernesto Pérez Balladares por colocar en la junta directiva
 de la Autoridad del Canal a parientes cercanos.

 El ex presidente Nicolás Ardito Barletta, administrador de la Autoridad
 de la Región Interocéanica (ARI), que promociona la inversión en los
 bienes canalareros entregados por Estados Unidos, fue fustigado porque
 su institución alquiló varias casas a funcionarios de alto nivel. Los críticos
 dijeron que en ese hecho el gobierno habría utilizado su influencia para
 favorecer a funcionarios importantes, pero Ardito Barletta restó
 importancia al asunto, del que dijo fue motivado por ``intereses
 políticos''.

 Ardito Barletta, un prestigioso banquero, encabeza los esfuerzos para
 desarrollar económicamente las antiguas bases militares norteamericanas
 y otras instalaciones entregadas desde 1979, tras la ratificación de los
 tratados Torrijos-Carter.

 Desde esa fecha, Estados Unidos ha transferido más del 70 por ciento
 de las 147,400 hectáreas en tierra y aguas que conforman el área
 canalera, incluyendo varias bases militares. El año próximo desocupará
 gradualmente siete bases más y retirará a los últimos 4,000 soldados.

 Con el retiro de las tropas, Panamá dejará de percibir entre $250 y
 $300 millones anuales, pero espera mitigar ese impacto.