ANDREA RODRIGUEZ
Associated Press

LA HABANA - Un año después del fusilamiento de su hijo, la cubana Ramona Coppello Castillo no encuentra consuelo.

"Yo me sigo preguntando por qué me lo mataron. Me quiero ir de este país", dijo a la AP la madre de Lorenzo Enrique Copello Castillo, uno de los tres ejecutados en abril de 2003 luego de ser por el secuestro de una lancha para llegar a Estados Unidos.

En estos 12 meses, Ramona tuvo incluso la atención espiritual del cardenal Jaime Ortega, pero ni aún así obtuvo un poco de paz: "es muy amable, me dice que tenga fe en Dios, pero qué va, yo no puedo olvidar", exclamó.

Sentada en un sillón de la casa de su hermana de crianza, Marta Armenteros, la mujer recuerda a su vástago y llora.

"No queremos chocar políticamente con nadie, quisimos hasta hablar con (el presidente) Fidel Castro para hacerle preguntas y que nos escuche, pero nada. Queremos que nuestro caso se sepa aquí y en Ginebra", ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, comentó Armenteros.

Ambas gestionan ahora visas de refugiadas ante Estados Unidos.

La Oficina de Intereses de Estados Unidos "dicen que ya está aprobado (el trámite) desde el 8 de octubre, pero aún los papeles no salen", agregó Copello.

Un día como hoy del año pasado comenzó y terminó el juicio sumario contra el muchacho, de 31 años de edad, y sus cómplices, pocas horas después se produjo la apelación. Los tres responsables principales en el ataque a la lancha fueron fusilados el 11 de abril.

La desgracia para Ramona había comenzado el 2 de abril, cuando un grupo de personas armadas, entre ellas su hijo, tomó una embarcación con 50 de rehenes. Finalmente la nave fue recuperada por la policía y nadie resultó herido.

Este desvío ocurrió en el marco de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, era el tercer incidente en menos de un mes luego del robo de dos aviones llevados a la Florida.

Al punto, que el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, James Cason, hizo leer un comunicado en la prensa para advertir que no serían admitidos en su país quienes secuestraran naves.

La mayoría de los gobiernos condenaron las ejecuciones y con la Unión Europea se congelaron las relaciones casi hasta la ruptura. Así mismo, la decisión le costó a La Habana algunos amigos históricos como el novelista José Saramago.

Castro reaccionó. Es "una medida dura, pero imprescindible", dijo entonces el mandatario para quien la opción "dolorosa" sirvió para salvar a la isla de ser agredida por Estados Unidos, deseoso de usar el argumento de una crisis migratoria.

Según el disidente Manuel Cuesta Morúa, "el gobierno entró en pánico".

Ahora Cuesta Morúa, quien dirige la Mesa de la Oposición Moderada, inició una campaña de recolección de firmas para eliminar esta sentencia extrema.

"La tradición histórica dice que en Cuba hay un fuerte rechazo a la condena capital", comentó el activista.

Sin embargo --y pese a que funcionarios cubanos indicaron su voluntad de eliminar este castigo--, los fusilamientos de abril rompieron una moratoria de hecho que ya llevaba varios años pero desde entonces ninguna nueva ejecución se ha realizado.