Como todos los años, en los próximos días comenzará a sesionar en Ginebra -por sexagésima vez- la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo, creado por el Consejo Económico Social de la ONU en 1946, examina la situación de los derechos humanos en los distintos Estados miembros de la entidad mundial.

Creada originalmente con una estructura que preveía la participación de 18 Estados, la Comisión está integrada, desde 1990, por 53 países miembros, algunos de los cuales -paradójica y lamentablemente- se cuentan entre los mayores violadores de derechos humanos del mundo. Lo cual es todo un contrasentido.

Entre los casos que deberá examinar ahora el organismo figura -una vez más- el de Cuba, el único régimen totalitario que existe en la actualidad en el continente americano. La Comisión deberá pronunciarse sobre la situación que impera en la isla en materia de derechos humanos. La decisión que se adopte demostrará hasta qué punto los 53 países integrantes del cuerpo están sinceramente comprometidos o no con la causa de la libertad, de la transparencia democrática y de la defensa irrestricta de los derechos individuales.

El año último -es importante recordarlo- la Comisión emitió una resolución de censura al gobierno de Cuba y solicitó al régimen de Fidel Castro que permitiera el ingreso de una veedora internacional, a efectos de que se pudiera preparar un informe pormenorizado sobre lo que verdaderamente ocurre en la isla en relación con esos temas. La visita, como cabía esperar, no fue permitida por el gobierno de La Habana.

Este año, la cuestión de Cuba volverá a ser tratada. El problema que se vive en la isla, lejos de haberse resuelto, se ha deteriorado sensiblemente. Hay ahora docenas de periodistas y ciudadanos disidentes que están cumpliendo largas condenas en prisión, por el solo "pecado" de alentar una opinión diferente de la del régimen castrista y, peor aún, por el "delito" de haberse animado a exponerla públicamente.

Las naciones de Europa, frente a las últimas medidas dictatoriales del régimen cubano, reaccionaron airadamente y con loable espíritu de unidad: coincidieron en formular una severa condena a la ola de represión desatada por Fidel Castro. Es lógico esperar, por lo tanto, que este año, en la Comisión de Derechos Humanos, los países del Viejo Continente sustenten esa misma posición y se sumarán al voto de condena hacia la reprobable conducta del gobierno castrista.

Nuestro país, en cambio, ya ha anunciado que se abstendrá de votar. Para medir el significado de tal decisión, conviene recordar que detrás de esta votación sobre los derechos humanos en Cuba está en juego -nada menos- la decisión de condenar o no un caso paradigmático de "terrorismo de Estado". Para los argentinos, que en la sombría década del 70 sufrimos -junto con el flagelo del terrorismo internacional- una sistemática violación de derechos humanos perpetrada desde las estructuras del poder, la cuestión que se analiza no es, por cierto, irrelevante o menor. Al contrario: adquiere un profundo valor simbólico.

En materia de "terrorismo de Estado", no es aceptable la existencia de un doble discurso. Gobiernos como el de Chile, de reconocida tendencia democrática, han confirmado ya que se sumarán al voto de condena a Fidel Castro. La decisión de optar por la abstención tiene una inocultable intención política, detrás de la cual se insinúa una postura permisiva o tolerante frente a la dictadura cubana. Desde esta columna de opinión exhortamos a las autoridades a revisar ese criterio.