WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

El éxodo que en el verano de 1994 lanzó a 36,000 cubanos al mar rumbo a Estados Unidos tiene escasas posibilidades de repetirse y habría marcado el fin de las crisis de emigración desordenada desde la isla, al menos mientras Fidel Castro permanezca en el poder.

A pesar de las recientes advertencias de Castro sobre el peligro de una estampida masiva de cubanos como consecuencia del reforzamiento del embargo estadounidense, los analistas coinciden en que el gobierno cubano lo impedirá a toda costa, en virtud de los riesgos políticos y militares de un caos migratorio que ponga en peligro la seguridad nacional de su poderoso vecino.

Las reglas del juego están sobre la mesa. El pasado año Washington envió una nota diplomática a Cuba a raíz de una escalada de fugas por mar y por tierra que sonaron la alarma ante una potencial avalancha migratoria. Los términos de la comunicación fueron particularmente duros: una ola migratoria desde la isla sería interpretada como un acto de confrontación a EEUU.

''Al gobierno de Cuba se le habló claro y duro respecto a un éxodo, que sería considerado como una acción hostil a este país'', recordó Mel Martínez, quien formó parte de la administración de George W. Bush y ahora aspira al Senado. ``EEUU no va a tolerarlo''.

Más allá de la retórica política, las autoridades estadounidenses tienen previsto un plan de emergencia naval. El plan se actualiza sistemáticamente y se ha visto reforzado después de los atentados terroristas del 9/11.

''Definitivamente estamos preparados mejor que nunca'', dijo Luis Díaz, portavoz del Servicio Guardacostas en el distrito de Miami. ``Tenemos absoluta confianza que el plan será efectivo en una situación de emergencia''.

Aunque los pormenores del plan no son públicos, extraoficialmente se admite que ninguna estrategia está descartada, incluyendo un bloqueo naval a la isla, pues EEUU no está dispuesto siquiera a permitir una concentración de balseros en Guantánamo o en otra de sus posesiones militares debido al alto costo económico y a las implicaciones legales que estarían en juego tras un reciente fallo de la Corte Suprema.

Los guardacostas se encuentran inmersos actualmente en un multimillonario proyecto de renovación tecnológica a largo plazo, que va desde el reemplazo de sus embarcaciones hasta el mejoramiento de los sistemas de comunicación y la introducción de sofisticadas naves de rastreo. Díaz admitió que tras el 9/11 ''se ha adelantado mucho'', particularmente en el trabajo coordinado de todas las agencias federales vinculadas al control de fronteras.

''Es extraordinariamente difícil que se repita otro tipo de emigración marítima desordenada'', opino Guarioné Díaz, quien fue el enlace civil designado por Washington para atender los campamentos de balseros en la base naval de Guantánamo. ``Las condiciones internacionales han cambiado drásticamente, la seguridad nacional ha pasado a ser prioridad de EEUU y Fidel Castro podrá ser temerario, pero no es suicida''.

El sociólogo Ted Henken, profesor de Baruch College en Nueva York, indica que en las actuales condiciones ``no hay una posibilidad real de éxodo''.

Henken, quien ha investigado la emigración en el Caribe y el caso cubano por más de una década, sostiene la tesis de que la preocupación actual acerca de un éxodo como el de 1994 es desproporcionada. ''Una preocupación potencialmente más significativa sería la emigración después de la caída de Castro, durante una ardua etapa de transición, o bajo una diferente y menos autoritaria forma de gobierno en Cuba'', apunto el académico.

Según Henken, el resultado más significativo de la crisis de los balseros y de los acuerdos migratorios de 1994-1995 es el hecho de que el número legal de cubanos admitidos en EEUU desde esa fecha --unos 200,000-- es mucho mayor a la cifra de inmigrantes ilegales llegados desde la isla en el mismo período: 10,000.

De hecho, la crisis de los balseros de 1994 marcó el fin de una era por varias razones. Por primera vez en tres décadas, la política de fronteras abiertas para los cubanos que huían del régimen comunista dio un giro radical luego de que el entonces presidente Bill Clinton anunciara que los balseros serían interceptados en el mar y enviados a Guantánamo.

La decisión de Clinton, anunciada en medio del incontrolable oleaje migratorio de agosto de 1994, abrió el camino a los acuerdos bilaterales y condicionó un nuevo tratamiento para los cubanos en fuga, que a partir de entonces fueron mencionados más como inmigrantes y menos como refugiados políticos.

Un abrupto cambio de actitud que acabó con el tratamiento preferencial a los cubanos y generó la polémica ''ley de pies secos, pies mojados'', un nuevo muro de contención para los que tratan de llegar ilegalmente a las costas estadounidenses.

Pero también la ola migratoria de 1994 y la experiencia de los cubanos enviados entonces a Guantánamo y a la base estadounidense en Panamá, han dejado un importante arsenal de lecciones legales y comunitarias para Washington.

''El reciente veredicto de la Corte Suprema de la nación sobre los prisioneros de Al Qaida en Guantánamo, ha demostrado que teníamos absoluta claridad cuando reclamamos derechos constitucionales para los balseros retenidos allí'', manifestó María Domínguez, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de St. Thomas.

Domínguez figuró en el grupo de 23 abogados cubanoamericanos que en octubre de 1994 interpuso una demanda colectiva contra el gobierno federal reclamando el derecho de los 21,000 balseros detenidos en Guantánamo y los 8,000 llevados a Panamá a ser procesados como refugiados políticos. La acción legal se sustentaba en que ambos territorios eran jurisdicción norteamericana y por lo tanto merecían protección bajo las leyes de este país.

''Como cubano exiliado, sentí que esa política de exclusión iba contra todo lo que Estados Unidos representa'', señaló el abogado Frank Angones, quien integró aquel equipo legal.

La demanda contó también con la participación del abogado Harold Hongju Koh, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale y prominente defensor de los derechos de los refugiados.

Pero en enero de 1995, el Tribunal de Apelaciones de Atlanta dictaminó que los balseros carecían de derechos constitucionales y su destino estaba en manos de la rama ejecutiva del gobierno. La Corte Suprema se negó entonces a escuchar el caso y ratificó la decisión de los jueces del Onceno Circuito de Atlanta.

Sin embargo, este año la máxima instancia judicial de EEUU determinó que al colocar a los prisioneros de Al Qaida en Guantánamo, éstos tienen derecho a un debido proceso legal de acuerdo con la constitución norteamericana. El argumento sustentado por los letrados es el mismo que esgrimía la demanda de los abogados cubanoamericanos diez años atrás.

La suerte de los balseros se decidió en mayo de 1995 por decisión ejecutiva, tras la firma del segundo pacto migratorio bilateral. Clinton anunció que serían recibidos en EEUU y puso en vigor el programa de intercepción en altamar.

''Desde el principio sabíamos que al final habría una solución para los balseros'', comentó Guarioné Díaz. ``Era imposible mantener allí a 30,000 personas indefinidamente por el tremendo costo económico y por lo que significaba para la imagen internacional de EEUU''.

Se estima que el costo de los campamentos de balseros en Guantánamo era superior a $1 millón diario.

Domínguez, que viajó 21 veces a Guantánamo y Panamá, señaló que Washington debía sacar una lección trascendental de esa experiencia migratoria: si llegara a producirse otro éxodo desde Cuba, la reacción tiene que ser diferente.

El exilio cubano y las autoridades de Miami se volcaron entonces a ayudar a los balseros con donativos y programas de capacitación, que incluían clases de inglés y orientaciones vitales para el desenvolvimiento en la sociedad estadounidense. Sólo en donativos se transportaron por avión unas 100,000 libras para suplir las carencias materiales de los campamentos.

''Pudimos demostrarle al gobierno que la comunidad es imprescindible para garantizar el asentamiento organizado de los inmigrantes'', manifestó Domínguez. "Guantánamo fue lo contrario al éxodo del Mariel [en 1980], pues gracias a la ayuda de voluntarios los balseros llegaron a este país con una orientación, sin crear problemas mayores y con un mínimo de gastos públicos''.