W. CANCIO/El Nuevo Herald
  CAYO HUESO

  El caso del activista Ramón Saúl Sánchez quedó ayer en manos del jurado, después que la defensa y la fiscalía consumieran sus últimos alegatos
  contraponiendo sendas versiones sobre los motivos del acusado para penetrar en aguas territoriales de Cuba.

  El juez federal Norman C. Roettger dio las instrucciones al jurado, que deliberó a puerta cerrada por más de una hora durante la tarde antes de aplazar las
  discusiones por la necesidad de ausentarse de uno de sus miembros.

  Las deliberaciones se reiniciarán esta mañana, y se espera que al mediodía haya un veredicto sobre las dos acusaciones que se le imputan a Sánchez de
  penetrar y conspirar para introducirse en aguas limítrofes de la isla, en violación de la llamada zona de seguridad de la Florida.

  El jurado está integrado por siete mujeres y cinco hombres, y sólo uno de ellos es de origen cubano.

  Al presentar los argumentos finales ante el tribunal, ambas partes retomaron los puntos de conflicto que esgrimieron desde el comienzo del proceso
  judicial.

  ''La acción de entrar en aguas cubanas fue intencional y constituye una violación de la ley'', enfatizó la fiscal Elaine O'Connor.

  La fiscal relacionó las evidencias que presuntamente prueban la penetración en aguas cubanas como un hecho premeditado.

  ''Este es un acto que usted no sólo hace, sino que también es algo en lo que piensa, lo planea...'', argumentó O'Connor, quien señaló que Sánchez retó la
  prohibición a través de la prensa para llamar la atención sobre la flotilla.

  En cambio, la defensa insistió en las motivaciones emocionales y los principios universales sustentados por Sánchez para acercarse a las aguas cubanas en
  homenaje a las víctimas del remolcador 13 de Marzo, hundido por naves gubernamentales frente al litoral habanero en 1994.

  ''Las evidencias de este caso no han podido establecer que el acusado intentó violar la ley o que conspiró para violarla'', afirmó el abogado Ben Kuhne.

  La defensa mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos como una motivación de Sánchez, quien no es ciudadano estadounidense, para
  regresar libremente a la isla.

  El abogado Kendall Coffey cuestionó el hecho de que los agentes del Servicio Guardacostas no alertaran ni interrogaran a Sánchez ese día antes de salir
  de Cayo Hueso, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

  ''Los guardacostas pudieron haberlo parado en el embarcadero'', sugirió Coffey, quien observó que la ley ``no considera un acto delictivo viajar a Cuba''.

  Pero el fiscal Ben Greenberg retomó la palabra para señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede justificar la violación de las
  regulaciones legales de Estados Unidos, y calificó de ''ridículo'' el argumento referente a la misión del Servicio Guardacostas.

  De ser hallado culpable, el líder del Movimiento Democracia podría encarar una condena de 10 años de cárcel y una multa de hasta $20,000.

  Minutos después que el jurado empezó a deliberar, Sánchez salió al vestíbulo del tribunal para orar junto a una treintena de exiliados cubanos que viajaron
  desde Miami para respaldarlo.

  ''Si tengo que ir a la cárcel, la próxima noticia que quisiera oír desde allí es que una nueva flotilla de compatriotas se prepara para rendir homenaje a las
  víctimas del remolcador'', manifestó el activista.