WILFREDO CANCIO ISLA
  El Nuevo Herald

  En una estrategia legal de última hora, el Departamento de Justicia considerará si permite al ex fiscal federal Kendall Coffey asumir la defensa del activista
  Ramón Saúl Sánchez, acusado de entrar ilegalmente en aguas limítrofes de Cuba junto a otros dos miembros del Movimiento Democracia.

  En una audiencia de emergencia celebrada ayer en Miami, el juez federal Norman C. Roettger decidió posponer el juicio hasta el 6 de mayo, y dilucidar a
  partir del próximo miércoles un grupo de recientes mociones presentadas por la fiscalía.

  De acuerdo con la representación fiscal, la decisión sobre Coffey se halla actualmente en manos del subsecretario de Justicia, Larry D. Thompson, quien
  determinará sobre un presunto conflicto de intereses en la defensa del caso.

  Coffey fungía como fiscal jefe del distrito de Miami en 1996, cuando el presidente Bill Clinton emitió el decreto 6867 proclamando la ''zona de seguridad de la
  Florida'' tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones Migs del régimen cubano. La proclamación presidencial fue ratificada por
  George W. Bush a comienzos del pasado año.

  ''Quieren quitarnos a última hora el corazón de la defensa'', dijo Sánchez al término de la audiencia, acompañado por el abogado Ben Kuehne. Coffey no
  estuvo presente en la sala.

  Sánchez indicó que Coffey envió inmediatamente una apelación por escrito a Washington, luego de ser advertido el jueves sobre la presunta disyuntiva
  ética.

  Los abogados de la defensa declinaron hacer comentarios en virtud de una orden de silencio emitida por el juez.

  Las mociones presentadas el jueves por la fiscalía tratan de asegurar que el proceso se centre en la violación del decreto presidencial, al margen de
  referencias inherentes a asuntos de inconstitucionalidad y a la situación política de Cuba.

  Sánchez, de 47 años; Alberto Pérez, de 58, y Pablo Rodríguez, de 48, fueron arrestados y encausados el pasado año por penetrar ilegalmente en aguas
  territoriales cubanas. Los tres participaban en una flotilla del Movimiento Democracia para rendir homenaje a las víctimas del remolcador 13 de Marzo.

  El caso marca la primera vez que se produce un encausamiento por desacato al decreto presidencial 6867. De ser hallados culpables, los procesados
  podrían recibir condenas de hasta 10 años de cárcel y multas de $20,000 per cápita.

  Aunque el equipo de abogados de la defensa está trabajando gratuitamente, la celebración del juicio en un tribunal de Cayo Hueso implicará cuantiosos
  gastos de hospedaje y alimentación, por lo que el Movimiento Democracia está exhortando a la comunidad cubanoamericana a realizar donativos para
  enfrentar el costo del proceso.