Dijo que entre sus funciones estaba el estudio de las rutas de ómnibus y los
servicios de courier del Condado e identificó a dos de los acusados

RUI FERREIRA
El Nuevo Herald

No habla inglés, pero creyó que podía compartir una cerveza con personal militar
estadounidense. Quiso infiltrarse en el Comando Sur, pero al final de la jornada
lo único que envió a La Habana fueron artículos traducidos de la prensa local.

Este fue el resumen que hizo ayer uno de los abogados defensores --de cinco
hombres acusados de espiar para Cuba-- sobre un testigo clave de la fiscalía, el
espía confeso Joseph Santos.

Durante el segundo día de su testimonio ante un tribunal federal en Miami,
Santos desplegó la misma locuacidad que el viernes pasado --cuando admitió
sin ambigüedades que fue entrenado en Cuba para vigilar instalaciones militares
estadounidenses--, pero esta vez para admitir su fracaso.

``No obtuve ninguna información militar secreta, sino que mis tareas en sí eran
secretas en este país. Nadie debía saber que estaba estudiando al Comando
Sur'', dijo Santos, cuando el abogado defensor Paul MacKenna indagó sobre la
naturaleza de sus funciones.

Entre esas funciones, detalló con precisión, estaba el estudio de las rutas de
ómnibus del Condado, el funcionamiento de los servicios de courier, el ambiente
alrededor de la zona donde se construía el edificio del Comando Sur y sobre su
modo de vida, relaciones personales y de trabajo.

Santos añadió que no sabía inglés, aunque aceptó voluntariamente infiltrarse por
cuenta de la isla en el Comando Sur de Estados Unidos, cuando sus
instalaciones fueron trasladadas desde Panamá en 1996.

Sin embargo, durante un año y medio de intentos lo máximo que logró fue
fotografiar el edificio en construcción en la zona de El Doral en el NW del
Condado, y ni siquiera sabía que el Comando Sur no estaba reclutando personal
nuevo, agregó.

``Si no habla inglés, cómo pretendía infiltrarse en el Comando Sur si ni siquiera
puede tomar una cerveza con el personal militar'', preguntó MacKenna. ``Nos
podemos entender... despacito'', contestó el espía confeso.

Cuando el abogado le preguntó si era cierto que usaba información publicada en
The Miami Herald sobre el Comando Sur, Santos lo corrigió: ``De El Nuevo
Herald, así no tenía que traducirla''.

El contrainterrogatorio del espía se prolongó por dos horas y media, durante las
cuales la Fiscalía objetó frecuentemente a las preguntas del abogado defensor
de Gerardo Hernández, el principal acusado.

Las objeciones cayeron sobre el tribunal como un efecto dominó, a medida que
MacKenna parecía echar abajo los argumentos del gobierno como quien deshoja
una margarita.

El abogado logró que Santos admitiera que los tres supuestos oficiales cubanos
que lo controlaron en Miami jamás le dieron instrucciones, verbales o escritas
para conseguir secretos militares.

Es más, añadió, el testigo, ``no sé cómo se clasifican las informaciones
militares en este país. No me lo enseñaron''.

Sin embargo, el testigo identificó a los acusados Ramón Lavadiño y Fernando
González como dos de los agentes cubanos que lo controlaban y dijo que
ambos le instruyeron que consiguiera un empleo en el Comando Sur para poder
realizar acciones de espionaje.

``Me dijeron que penetrara al Comando Sur, pero no específicamente de obtener
información secreta. No llegamos a ese punto'', aclaró Santos.

De todos modos, ``aunque fuera un limpiapisos en el Comando Sur, con mi
entrenamiento y mis ojos pudiera conseguir alguna información'', añadió el
testigo, lo cual motivó que MacKenna comentara con ironía: ``Pero se puede
penetrar para reportar sólo sobre el color de los uniformes, ¿o no?''.

En ciertas ocasiones, Santos se manifestó reacio a contestar, mirando con
frecuencia a los fiscales como buscando apoyo, pero terminó admitiendo que
tenía razones para colaborar con la justicia.

``No tengo grandes esperanzas de que lo vuelvan a hacer, pero sí es cierto'',
respondió cuando MacKenna le preguntó directamente si su colaboración fue a
cambio de que la Fiscalía haya logrado que se le reduzca su pena de cárcel de
60 a 48 meses.