Aparentemente, tratan de convencer al jurado de que el futuro del acusado
depende de cuánto colabore en corte

RUI FERREIRA
El Nuevo Herald

La defensa de cinco hombres acusados de espiar para Cuba concentró todas
sus energías ayer en socavar la credibilidad de un testigo clave de la fiscalía,
con el aparente objetivo de convencer al jurado de que su futuro depende de
cuánto colabore en corte.

``¿No es cierto que aceptó colaborar con el gobierno [de Estados Unidos] porque
tenía conciencia de que podía ser condenado a cadena perpetua?'', preguntó el
abogado Paul A. McKenna al testigo Joseph Santos, un espía arrepentido
condenado a 48 meses de cárcel, después que aceptó declararse culpable a
cambio de una reducción de sentencia.

McKenna trató de establecer que Santos llegó a un acuerdo con la fiscalía al
darse cuenta de que, además, espera una nueva reducción de la sentencia
cuando ofrezca su testimonio estos días. ``Sí, tengo una cierta esperanza de
lograr eso, pero no es seguro'', afirmó el espía arrepentido.

Su testimonio ocupó ayer por tercer día consecutivo toda la sesión del juicio en
un tribunal federal de Miami que juzga a Gerardo Hernández, René González,
Ramón Lavaniño, Fernando González y Antonio Guerrero. Pero esta vez Santos
no habló mucho.

A diferencia de días anteriores, la fiscalía y la defensa se enfrascaron en un
intenso debate: ¿Puede Santos declarar si, antes de ser arrestado, sabía que
estaba en Estados Unidos cometiendo un delito, y si tenía conciencia de la
posible pena de cárcel que podía recibir si sus actividades eran descubiertas?
``Una vez en Cuba, con un oficial llamado Boris, hablamos de que hasta ahora
no había habido problemas con los oficiales ilegales [cubanos] en Estados
Unidos, y que la acusación por ser agente no registrado equivalía a una pena de
10 años. Pero él me aseguró que, hasta ahora, los precedentes eran que si
detectaban un oficial ilegal en Estados Unidos, éste era deportado, nada más'',
afirmó Santos.

McKenna intentó que el testigo explicara si había oído hablar de otros casos de
espionaje en Estados Unidos y las penas a que habían sido condenados, ``con
la idea de establecer si estaba consciente de que recibiría cadena perpetua y
por eso se ofreció para colaborar con el gobierno''.

Inmediatamente, el fiscal asistente Dave Buckner objetó repetidamente la
pregunta hasta que la jueza Joan A. Lenard decidió llamar a los abogados y
fiscales aparte.

Por momentos, la audiencia estuvo al borde del colapso, cuando McKenna
demandó la anulación del proceso, acusando a la jueza y a la fiscalía de
impedirle lograr su objetivo de ``establecer la verdadera credibilidad'' del testigo.

``Lo único relevante aquí es el estado mental del testigo. Si él no había vinculado
su caso con otros parecidos, ahora ya lo ha hecho. Además, se está intentando
confundir al jurado, porque no hay evidencias de que [Santos] hubiera
establecido esa conexión'', indicó Buckner, después de que Lenard pidió que
éstos se retiraran de la sala para ventilar el tema en privado.

Lenard no aceptó la anulación del caso, pero le permitió al abogado seguir
incursionando en el tema. Santos admitió que tardó apenas unos 11 días en
llegar a un acuerdo con la fiscalía, después de su arresto el 12 de septiembre de
1998, porque ``siempre me creí culpable''.

``Sí, pero también estaba preocupado porque su esposa era ciudadana. De
hecho, aún sigue preocupado. Los fiscales se encargaron de que no fuera
deportada [a Cuba, producto de la colaboración de los dos]'', argumentó
momentos después Joaquín Méndez, otro de los abogados