CARLOS M. MARQUEZ / Agence France Presse
 SAN SALVADOR

 Una imparable ola de delincuencia, reflejada en la realización de al menos 38 secuestros extorsivos en lo que va del año, tiene en
 jaque a El Salvador, a pesar de los esfuerzos del gobierno por contrarrestarla, señalan distintas fuentes.

 El secuestro del sacerdote salvadoreño Rogelio Esquivel, liberado el pasado lunes, luego que sus familiares pagaron un rescate
 no precisado, fue el detonante que llamó la atención de la Iglesia y de la empresa privada que claman por medidas atinadas que
 detengan la delincuencia.

 ``La lección que nos deja el secuestro de Esquivel --mantenido en cuativerio durante 15 días-- es que la Policía no puede contener
 los secuestros y que cualquiera puede ser plagiado sin importar su condición, si se sabe que hay dinero'', declaró el vicerrector de
 la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita Rodolfo Cardenal.

 Pese a que la mayoría de secuestros no son denunciados, estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), precisan que de enero
 a agosto se registraron un total de 38 secuestros, hubo nueve liberados por la intervención de agentes, que lograron detener a 133
 secuestradores.

 Durante el año pasado se produjeron un total de 114 secuestros y sólo hubo cuatro plagiados liberados por la Policía.

 Los secuestros se incrementaron a partir de los terremotos que asolaron El Salvador el 13 de enero y 13 de febrero pasados, que
 dejaron 1,142 muertos, 1.3 millones de damnificados, más de 200,000 viviendas destruidas y pérdidas por $1,603.8 millones.

 Cardenal estimó que ``la violencia --la delincuencia-- está rebasada y la Policía no le atina adonde está el problema; sigue
 insistiendo en la propaganda en vez de atender los problemas reales que tiene la población''.

 Para el sacerdote jesuita, ``el principal problema de El Salvador, es el crimen organizado'' y la Policía ha prestado ``mayor
 atención a la delincuencia menor''.

 ``Nadie está libre de este tipo de hechos. Por eso es necesario ser cada vez más creativos en la lucha contra actos terroristas,
 que no sólo ahuyentan la inversión, sino que producen dolor en la familia salvadoreña'', consignó en un comunicado la prominente
 Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

 En junio pasado, uno de los hechos que más impactó a los salvadoreños fue el secuestro y posterior asesinato del niño Gerardo
 Villeda, de sólo nueve años, que aceleró en el Congreso, a petición del Ejecutivo, reformas al Código Penal y al Código Procesal
 con el fin de otorgar a la Policía mejores herramientas para el combate del flagelo.

 ``Primero se golpeó a la niñez, hoy a la religión. ¿Qué viene después?'', se preguntó la ANEP, al pronunciarse sobre los plagios,
 que a su juicio ``no pueden verse como un acto de delincuencia común, ya que su accionar cuestiona la estabilidad misma de la
 sociedad, sea ésta económica, social o ética''.

 El tema del secuestro provocó controversias el pasado 21 de agosto, cuando por falta de pruebas, un juez de Nueva San Salvador
 --12 km al oeste de la capital-- liberó de cargos a varios acusados de los secuestros de empresarios cometidos a principio de la
 década de los años 90, entre los que figura el actual presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroléctrica del Río Lempa (CEL),
 Guillermo Sol.

 La ANEP calificó la resolución del juez ``como un nuevo incentivo a la delincuencia''.

 La delincuencia se incrementó en El Salvador tras la firma de los acuerdos de paz que finalizaron 12 años de una sangrienta
 guerra civil, el 16 de enero de 1992, y que dieron paso a la disolución de tres cuerpos de seguridad pública y a la desmovilización
 de unos 30,000 efectivos del ejército y 7,900 guerrilleros.

 Para atender la seguridad pública, fue creada la Policía Nacional Civil (PNC) que comenzó su despliegue en marzo de 1993 y en
 la actualidad para cubrir los 20,742 km2 del país, dispone de 18,500 agentes.

 Una investigación de la UCA determinó que en 1997 había en circulación más de 250,000 armas, mientras que entre 1994 y mayo
 del 2000 estaban registradas ante el Ministerio de Defensa 143,161 armas.