WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Los minutos de terror vividos por vecinos y manifestantes durante el operativo armado que sacó al niño Elián González de La Pequeña Habana, fueron ayer intensamente descritos por una testigo que relató atropellos e incluso burlas de los agentes federales contra su persona.

''Fue como una pesadilla'', narró ayer Nancy Cañizares ante un tribunal federal en Miami. ``De pronto me vi ante una ametralladora apuntándome a la cabeza mientras los agentes gritaban que nos iban a matar''.

Cañizares, una exiliada cubana que vive en Estados Unidos desde 1967, se encontraba en una casa contigua por el fondo a la vivienda de la familia González cuando se produjo la irrupción de los agentes federales, la madrugada del 22 de abril del 2000. La mujer estaba sentada en la acera junto a un grupo de manifestantes.

''Todo sucedió al mismo tiempo... los agentes me empujaron, me ordenaron levantar las manos, nos amenazaron a todos con dispararnos'', recordó Cañizares, quien estalló en llanto en varios momentos de su declaración. ``Estaba confundida y aterrada''.

Según el testimonio, los agentes no atendieron a su condición de discapacitada e incluso uno de ellos trató de burlarse de ella preguntándole sarcásticamente: 'A ver, cómo se dice `en cubano' INS [Servicio de Inmigración y Naturalización]''.

Cañizares fue afectada por el gas paralizante lanzado por los agentes y recibió varias heridas al incrustar los brazos sobre los alambres punzantes de una cerca metálica.

''Ni siquiera me di cuenta de que estaba sangrando... tenía el cuerpo entumido'', contó la mujer.

Cañizares y otros cinco testigos brindaron ayer declaraciones en la tercera jornada del proceso civil contra el gobierno de Estados Unidos por presunto uso excesivo de fuerza durante la llamada Operación Reunión.

El testimonio de Cañizares concluirá esta mañana, poniendo fin al listado de 17 testigos de los demandantes. Se espera que hoy comiencen las labores de la defensa.

En total son 13 los demandantes, representados por la organización Judicial Watch y la firma The Klayman, quienes aspiran a obtener compensaciones individuales por $250,000.

La sesión estuvo matizada por una petición del abogado Larry Klayman, quien entregó ante el juez una carta a los abogados del gobierno, reclamando la presencia como testigos del agente especial Rick Ramírez y las abogadas Rebecca Sánchez Roig y Diana Alvarez, empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Klayman consideró que se trata de ''testigos importantes'' para poner en evidencia ''los prejuicios contra los hispanos y los cubanos que prevalecieron en los preparativos y la ejecución'' del operativo armado, y culpó al gobierno por interferir el viaje de Ramírez a Miami.

Ramírez, un mexicoamericano que participó en la Operación Reunión, fue trasladado al distrito de Texas luego de protagonizar una demanda laboral por discriminación y represalias y llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Alvarez y Sánchez Roig, ambas cubanoamericanas, estuvieron vinculadas a revelaciones de memorandos y órdenes internas del INS que determinaron destruir todos los documentos cruciales sobre el caso Elián.

El abogado Stephen Handler negó que el gobierno haya actuado para impedir el testimonio de Ramírez, pero cuestionó la presencia de las abogadas por considerar ``que no tuvieron participación alguna en la Operación Reunión ni figuraban en la lista inicial de testigos''.