La promoción en los periódicos de viajes al exterior y préstamos con altas tasas de interés; la presencia de reclutadores de potenciales viajeros en las ferias libres o en las comunidades rurales no son razón para detener a quienes ejercen estas actividades.  Para hacerlo debe haber una denuncia legalizada en la Fiscalía.

Ese  criterio tiene el jefe de la Policía Judicial (PJ) del Azuay, Crnel. Marcelo Tamayo, quien fue involucrado en un proceso por coyotaje, junto a siete miembros de la cúpula y la tropa de la Policía Nacional, por parte del fiscal de turismo y tráfico ilegal de personas de Guayas, José Menéndez.

“Nosotros conocemos muchas cosas acá, pero debemos reunir los elementos suficientes para poder comprobar y tener las denuncias y acusaciones respectivas de los afectados. Si es que no hay denuncias, ni la Policía ni la Fiscalía pueden hacer algo al respecto”, explica el oficial.

Tamayo reconoce que los coyotes amenazan o llegan a arreglos extrajudiciales con las personas afectadas. “Si se emitiera una orden de detención sin pruebas ni denuncias nosotros estaríamos fallando. Si no hay esa situación, así nosotros estemos viendo aquí que el señor tiene antecedentes no podemos detener a nadie”, agrega.

Menciona el jefe policial que si en algún momento se observara a un grupo de personas que se embarca en un carro, en forma sospechosa, será necesario contar con evidencias que delaten que se aprestan a realizar un viaje ilegal, para presentarle al fiscal y pedir una orden de detención.

“Es complicado reunir la evidencias. Estamos trabajando en ello, pero si no hay evidencias ni denuncias no se puede hacer nada”, afirma Tamayo, quien sin embargo destaca su labor en la captura de varias personas involucradas en el caso de coyo taje Estrella de Mar.

El jefe de la PJ del Azuay se considera víctima de la acción “de bandas organizadas de delincuentes”, quienes habrían motivado a que el detenido por coyotaje, Luis Flores Sarmiento, acuse a los jefes policiales de haber recibido dinero en sobres cerrados para mantener informada a la familia Abril Ampudia y otros implicados, sobre los operativos y de esta forma facilitar la salida de migrantes en forma ilegal.

El padre Franklin Ortiz, jefe de la Dirección de Movilidad Humana de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cuenca, considera que no es solo cuestión de establecer leyes duras para evitar el tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos.

Explica que el aumento de viajes en barco, a un promedio de seis embarcaciones por mes, se dio luego del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. “Mientras más fuerte sea el cierre de fronteras, lo que sucedió en Estados Unidos luego del atentado, el coyoterismo tecnificará su acción”, dice.

Ese control estricto que -según él comienza en nuestro propio mar territorial con la presencia de barcos estadounidenses, también hizo que los costos de los viajes se duplicaran. Hasta hace unos cuatro años, la travesía costaba $ 8.000, ahora bordea los $ 15.000.

Ortiz señala que es fundamental trabajar en dos amplios campos, para frenar y prevenir el tráfico ilegal. Primero, que el gobierno consiga la firma de convenios binacionales que permitan el acceso de ecuatorianos que desean laborar en Estados Unidos. “Ellos necesitan de nuestra mano de obra y de eso deben estar conscientes”, manifiesta.

Lo segundo y fundamental -explica Ortiz- es que toda la sociedad, Estado y comunidad, piense qué ofrecemos al ecuatoriano para que no trate de salir del país.

“¿Qué le estamos ofreciendo como país para que la gente se quede? Si no generamos confianza, todos somos responsables”, menciona el sacerdote. “¿Puede un padre mantener a su familia con $ 110 de salario mensual? No, por eso busca irse, huir en busca de mejor futuro”, razona.

La hermana Mariana de la casa parroquial de Baños, cantón Cuenca, tiene una idea contrapuesta al padre Ortiz. Ella considera que los viajes son una novelería. “Mi vecino se fue, yo también me voy, no importa si dejo abandonada a mi familia, así que siguieran a Dios”, refiere.

Casi todos los días, la religiosa atiende en su despacho a dos o tres personas que acuden a pedir consejos sobre la conveniencia de realizar la travesía. “Pero no se puede hacer nada porque ya han decidido; han empeñado su casa y carro y se van dos días después”, indica.