VALENCIA (España) -- Los dos españoles acusados por Fidel Castro de estar
              implicados en el narcotráfico afirmaron que "se trata de una maniobra política
              destinada a limpiar la imagen internacional" de Cuba y a incautar los "numerosos
              bienes" que uno de ellos posee en la isla.

              José Royo y José Anastasio Herrera, ambos con domicilio en Valencia (este de
              España), fueron acusados por Castro, durante una intervención pública realizada
              el pasado día 5, de utilizar una empresa de capital mixto -"Artesanía Caribeña
              Poliplast and Royo"- como "fachada" para el narcotráfico.

              Salvador Guillem, abogado de los dos ciudadanos españoles, manifestó que sus
              defendidos "ejercitarán cuantas acciones legales les asistan para defender su
              honor y buen nombre ante la opinión pública, así como para defender sus
              intereses económicos y empresariales en la República de Cuba".

              Además, en un escrito remitido a la Agenci, en el que hacen hincapié en que
              nunca se han encontrado en paradero desconocido, explican que Artesanía
              Caribeña y Poliplast -empresas citadas por Castro- "son los nombres comerciales
              de la Asociación Económica Internacional Unión del Plástico-José Royo Llorca".

              Añaden que dicha empresa no está constituida con capital mixto, sino que es la
              unión de una empresa cubana preexistente con un socio español -José Royo- que
              aporta maquinaria, tecnología, bienes y formación laboral.

              En el escrito se indica también que José Anastasio Herrera no ha sido nunca socio
              de la empresa ni financiador y que carece de intereses empresariales en Cuba.

              El trabajo de Herrera consiste -añade la nota- en actuar de agente de ventas para
              el exterior, tanto de la empresa en la que José Royo es accionista como en la
              empresa cubana Plastinex Import-Export, dependiente del Ministerio de Industria
              Ligera de Cuba.

              Ambos ciudadanos españoles aseguran que tras enterarse de que "cierta materia
              prima adquirida en Colombia con destino a la fábrica de Cuba había sido detenida
              en el puerto de origen por ocultar cocaína", se pusieron en contacto con las
              autoridades cubanas para esclarecer lo ocurrido, pero declinaron viajar a dicho
              país "por consejo de sus asesores legales".

              Además, a mediados de diciembre los dos acusados por Castro de traficar con
              drogas ofrecieron pagar el viaje a España de la gerente de la empresa de Royo en
              Cuba, Ana María Quesada, y del jefe de fábrica de la misma, Antonio Rodríguez,
              así como de un representante del gobierno cubano "para mantener una reunión en
              la embajada de Cuba en Madrid a fin de esclarecer lo ocurrido".

              Reiteran los ciudadanos españoles que han intentado varias veces ponerse en
              contacto con las autoridades cubanas aunque éstas han declinado sus ofertas para
              reunirse.

              Ambos reconocen haber constituido la empresa Financial Group, con sede en
              Panamá, para que figurara como prestataria de una operación financiera en ese
              país y salvar así los obstáculos del embargo a Cuba, pero niegan que fuera creada
              para blanquear dinero obtenido del tráfico de estupefacientes, tal como afirmó
              Castro.