Según el INS, todos los detenidos tienen derecho a exponer su caso

KETTY RODRIGUEZ
El Nuevo Herald

José Castro Abreu es un cubano que teme ser deportado a la isla en los
próximos días, junto con un grupo de otros cinco. ``No queremos ir a Cuba
porque vamos a ser maltratados'', dijo en conversación telefónica desde la cárcel
de St. Martinville, en Luisiana.

``A finales de enero vamos a ser trasladados en aviones clandestinos [...]
estamos bajo mucha presión y no hemos tenido el derecho de ir a la corte, ni de
ver a un juez'', dijo en tono desesperado el detenido, que aseguró haber cumplido
su sentencia tras haber incurrido en delitos relacionados con drogas.

Abreu explicó que el pasado diciembre, había salido el último grupo de cubanos
hacia la isla. ``No nos avisan nada y sacan a las personas de noche o
madrugada'', indicó.

A pesar de que Estados Unidos y Cuba no tienen relaciones diplomáticas, y en
la mayoría de los casos el régimen de Fidel Castro no acepta a sus nacionales,
existen acuerdos migratorios entre ambos países.

Hay un discreto programa del Departamento de Justicia, llamado JPATS, que
permite que ciertos cubanos sean devueltos a la isla, mientras que la mayoría
permanece en detención indefinida.

``Sí enviamos personas a Cuba --especialmente del Mariel--, muchos de los
cuales han cometido crímenes y han expresado su deseo de regresar a su país'',
dijo Bill Strassberger, portavoz del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)
en Washington.

Todos los detenidos, agregó, tienen derecho a exponer su caso ante un juez y
explicar las razones por las cuales estiman que no deben ser deportados.

Los datos del INS confirman que en el 2000 hubo un total de 82 cubanos
deportados, de los cuales 70 lo fueron por motivos criminales y 12 por problemas
administrativos.

El grupo de presos liderados por Abreu está formado por Henry Peterking,
Orlando Justi, Alberto Aismarez, Carlos Rubén Padrón y Ciro Roque.

``No queremos ir a Cuba, sabemos lo que nos espera, pero aquí [en la cárcel]
nos han mantenido apartados y no nos dejan ver a un abogado, ni hemos tenido
ningún tipo de asistencia'', dijo Abreu, quien llamó con una tarjeta telefónica.
Morton Sklar, director ejecutivo de la Organización Mundial contra la Tortura,
expresó preocupación por la suerte que podrían correr estos detenidos de ser
deportados a Cuba.

``Está prohibido devolver a cualquier persona que pueda ser víctima de la tortura'',
dijo. ``Yo no puedo hablar sobre los casos particulares de estos detenidos. Sin
embargo, puedo decir que la situación general en Cuba nos preocupa y no
sabemos si estas personas pueden ser víctimas potenciales de tortura.

``No importa el crimen que hayan cometido, ellos tienen derecho a ser
protegidos. Mis sospechas son que ellos no han tenido la oportunidad de
acogerse a los términos de la Convención contra la Tortura'', agregó Sklar.

Para evitar la deportación, los detenidos tendrían que demostrar con suficientes
pruebas y evidencias que van a ser perseguidos y torturados en Cuba, según
Nicolas Rezza, director del Programa de Refugiados de Amnistía Internacional.
``No sabemos si van a correr peligro en Cuba. Habría que revisar cada caso por
separado '', dijo.

Activistas de derechos humanos y abogados han criticado la política del INS de
mantener en el limbo a personas que han cumplido condena, y que no pueden
ser deportadas a sus países por falta de acuerdos de expatriación.

``Esta situación refleja la tragedia de miles de inmigrantes y refugiados que no
tienen acceso a ayuda legal dentro de los centros de detención del INS y que no
conocen sus derechos'', indicó Chris Nugent, del Colegio de Abogados en
Washington.

Se espera que este año el Tribunal Supremo federal decida la suerte de miles de
detenidos que el INS mantiene presos indefinidamente, y que no han podido ser
deportados a sus países de origen.