Jorge Ramón Castillo, ICD Press

SANTIAGO DE CUBA (www.cubanet.org) - El servicio de telefonía cubano es limitado y sólo pueden acceder a él en estos momentos personas abiertamente comprometidas con el régimen. Las autoridades gubernamentales y la Empresa de Telecomunicaciones imponen una serie de requisitos y una metodología que ha provocado más de una querella en las reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), espacios oficialistas donde las personas se disputan, a través de méritos políticos acumulados y hasta con trompones, el 70 % de las capacidades telefónicas asignado al sector residencial. Otro 25 % de las cuotas es destinado a organismos estatales y el 5 % restante es considerado "Reserva Estatal".

Más de dos tercios de población en Santiago de Cuba no puede disponer del sistema, si tenemos en cuenta que más de 600.000 personas habitan hoy el municipio cabecera, según cifras extraoficiales del último Censo de Población, y se estima que los abonados superan la cifra de 170.000.

Estas limitaciones son caldo de cultivo a la corrupción que afecta a casi la totalidad de la sociedad cubana. Una línea telefónica privada puede llegar a costar hasta 700 dólares o su equivalente en Pesos Cubanos Convertibles (CUC). Los Centro Agente son una nueva modalidad para disfrutar del servicio en casa, aunque se comparta con la vecindad; para ello es necesario poseer "buenas relaciones" en el seno de ETECSA o ganarse la anuencia de los dirigentes políticos del barrio.
Entre tanto, miles de personas se aglomeran los dos últimos días de cada mes ante las cuatro oficinas comerciales de las que dispone la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Santiago de Cuba para liquidar sus cuentas, hecho que provoca un desorden de tal magnitud que tienen que intervenir las fuerzas de orden público, como ocurrió a finales de febrero frente a la oficina comercial del distrito 26 de Julio en plena calle Enramada, principal arteria comercial de la ciudad, donde el transito de vehículos se vio interrumpido varias veces.

ETECSA ha dispuesto varios lugares de cobro, como el Banco Popular de Ahorro, las sucursales de Correos de Cuba y las propias oficinas de la empresa. Sin embargo, las medidas parecen no responder a la demanda.

Los abonados pueden pagar desde el día diez las cuentas en las propias oficinas comerciales, pero prefieren disponer de antemano de la factura que ETECSA les envía a vuelta de correo con nueve días de antelación al limite de pago; en primer lugar para asegurarse de que las cifras correspondan con el uso real que han dado a su teléfono, y a la espera de compartir los gastos con amigos y familiares que también se benefician del servicio.

Por otro lado, el servicio telefónico en Cuba se ha estratificado al coexistir junto a ETECSA la compañía de capital mixto CUBACEL, que se encarga de la telefonía celular en el país; así como también por la reciente medida que ETECSA implementó denominada Tarifa Mixta, que establece dos formas diferentes de pago: una en moneda nacional y otra en divisa. La moneda nacional admite sólo llamadas locales y nacionales, mientras que la moneda dura ofrece salida internacional a cualquier parte de mundo. La imposibilidad para la mayoría de cubrir gastos en CUC se ha tornado algo incómodo y fuertemente criticado por los usuarios. A su vez, los que han asumido la tarifa mixta se quejan de los precios. Por ejemplo, el minuto a los Estados Unidos cuesta 2.24 CUC.
Por su parte, CUBACEL opera sólo en moneda convertible en divisa y excluye a los cubanos residentes en la isla de su lista de clientes. No obstante, más de una cintura criolla exhibe uno que otro móvil, gracias al favor de algún turista, residente extranjero o familiar que viva fuera del verde caimán, quienes definitivamente son las personas autorizadas a comprar el servicio.

Así las cosas, ambas presumen de su gestión e intentan vender una imagen de empresa moderna, actualizada con la tecnología de punta, eficiente y sobre todo garante de la privacidad de sus clientes, a pesar del contexto totalitario en que habita. Sin embargo, el contubernio mantenido por años con el aparato de inteligencia cubano mantiene los pelos de punta a los consumidores. Un concepto generalizado es que la Seguridad del Estado graba todas las conversaciones y luego toma medidas contra quienes sobrepasan la membrana de la censura oficial.