LUIS AYLLÓN/

El Gobierno español ha propuesto a sus socios de la Unión Europea una reflexión sobre la conveniencia de mantener las sanciones adoptadas por los Quince después de que, hace más de un año, el régimen de Fidel Castro ejecutara a tres secuestradores de un barco que querían huir a Estados Unidos y encarcelara, con penas de hasta 28 años de prisión, a 75 disidentes condenados en procesos sin garantía, según supo ABC de fuentes gubernamentales.

De forma velada, la iniciativa española se refleja en las manifestaciones hechas por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en su reciente viaje a Colombia, desde donde expresó la satisfacción del Ejecutivo por la puesta en libertad de la disidente anticastrista Marta Beatriz Roque. El ministro dijo textualmente que «España está en contacto con las autoridades cubanas y con sus socios de la UE para examinar el estado actual de las relaciones y su posible evolución».

Buscar nuevas vías

Las autoridades españolas, según las fuentes consultadas, entienden que la posición común europea adoptada en 1996, con cierto protagonismo del anterior Gobierno de nuestro país, condicionando las relaciones con Cuba a que se produjeran reformas democratizadoras en la isla, sigue siendo válida. Pero también consideran que hay que buscar vías que permitan mantener un diálogo con el régimen castrista y, a la vez, mejorar la situación de la disidencia interna. En ese sentido, se piensa en Madrid que algunas de las sanciones impuestas no favorecen los avances en esa dirección.

El Ejecutivo español cree que la medida de congelar los contactos de las Embajadas europeas en La Habana con las autoridades del régimen no ha conducido a nada y puede ser incluso más perjudicial para los países de la Unión que para Castro.

Asimismo, piensa que se debería reflexionar sobre la conveniencia de mantener la política de invitar a los disidentes a las recepciones en las embajadas europeas, lo que hace que las autoridades cubanas no acudan a las mismas. Desde el Gobierno se considera que esta última medida, que irrita especialmente a los dirigentes castristas, no beneficia la situación de los disidentes que están encarcelados.

La posición española, que puede encontrar comprensión en unos cuantos países europeos -como Bélgica- y algo menos de entusiasmo en otros -como Francia o Alemania-, choca abiertamente con «grandes» como Reino Unido e Italia, con otros «pequeños» como la República Checa y también con algunos de los recién incorporados, que opinan que suavizar la aplicación de las sanciones no sería visto con buenos ojos por Estados Unidos.

En cualquier caso, el Gobierno español es consciente de que para que pudiera producirse algún cambio, Castro debería hacer algún gesto significativo, especialmente en cuanto a la situación de algunos de los encarcelados con más peso entre la disidencia, como el poeta y periodista Raúl Rivero.

Un paso en esa dirección ha sido la puesta en libertad de Marta Beatriz Roque, encarcelada en torno a 1998 tras firmar el documento «La Patria es de todos» junto con René Gómez Manzano, Félix Bone y Vladimiro Roca, pidiendo aperturas democráticas en Cuba. Moratinos calificó la liberación de «paso significativo en el camino hacia una mejor relación con Cuba» y dijo que el Gobierno confía en que a esta noticia sigan otras buenas noticias «que permitan seguir avanzando».