WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Cada día, cuando llama a su esposa desde una prisión federal de Oklahoma,
Oscar Morales Piña no se cansa de repetirle la misma advertencia: ``Hay que
evitarlo a toda costa; regresar a Cuba sería un desastre''.

Rehabilitado de dos delitos cometidos en Estados Unidos, Morales, de 45 años,
está librando una urgente batalla legal para evitar la repatriación. Su destino
depende ahora de que un tribunal de apelaciones acepte un recurso de habeas
corpus presentado por sus abogados para reabrir el caso.

``Este es el caso de una persona que ha cumplido satisfactoriamente programas
de rehabilitación, y que no representa una amenaza para la sociedad'', consideró
el abogado John Geraghty, quien representa a Morales. ``El mayor peligro vendrá
para él si regresa a la Cuba de Fidel Castro''.

Morales dice que él estuvo entre las personas que el 1ro de abril de 1980
irrumpieron en un autobús en la Embajada del Perú en La Habana, provocando la
muerte de un custodio y desencadenando la crisis que desembocó en los
sucesos del Mariel.

El estigma de Morales como ex convicto se remite a su condición de refugiado
del éxodo del Mariel en 1980. Su nombre figura en una ``lista secreta'' de 2,700
casos que desde 1987 reactivó las deportaciones de ``marielitos'', según el
acuerdo establecido entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), el
pasado año fueron repatriados 86 cubanos, y otros 1,600 esperan actualmente
por similar decisión.

Morales cumplió una sentencia en 1983 por un delito menor en California, y 10
años después fue hallado culpable de vender 50 gramos de cocaína. Cumplida la
condena en 1999, el INS lo mantuvo retenido e inició el proceso para devolverlo a
la isla.

Geraghty saludó como una excelente noticia la decisión anunciada ayer por la
Corte Suprema de Estados Unidos para reconsiderar apelaciones de casos de
deportación bajo las leyes migratorias de 1997. ``Lo esencial de este tema es
que todos los prisioneros deben recibir un debido proceso de ley, protegido por
la Constitución de Estados Unidos'', comentó el letrado.

Al pie de la defensa legal para evitar la deportación ha estado el activismo de su
esposa, Myrna Morales, quien en los últimos años ha seguido el itinerario del ex
convicto a través de diferentes cárceles y geografías.

Ambos se conocieron a comienzos de los años 80, cuando Oscar llegó a
California. Myrna, de 52 años, incluso se mudó el pasado año de Los Angeles a
Milan, Michigan, para estar cerca de su antiguo amigo y poder visitarlo a la
prisión adonde había sido trasladado.

El 10 de octubre la pareja decidió casarse en la cárcel. Una semana antes de
Navidad, Morales fue enviado a un centro de detención federal en Talladega,
Alabama, pero temporalmente permanece ahora en Oklahoma.

``Es terrible que por figurar en esa lista, mi esposo sea entregado al gobierno de
Fidel Castro, cuando ha demostrado ser un recluso modelo'', manifestó Myrna,
una cubanoamericana que llegó a Estados Unidos a la edad de cinco años, en
1953.

Para el activista de derechos humanos Siro del Castillo, el tratamiento de los
prisioneros del Mariel ``ha sido absolutamente discriminatorio''.

``La detención indefinida es un acto anticonstitucional, y los llamados paneles
de revisión no pueden considerarse legales, porque ¿cómo puede ser justa una
audiencia ante la misma gente que te mantiene encarcelado?'', se cuestionó Del
Castillo.