PABLO ALFONSO
  El Nuevo Herald

  Cuba es el país con mayor tráfico de cocaína y marihuana de todas las islas del Caribe, según revela el más reciente informe de un organismo especializado de Naciones Unidas.

  De acuerdo con la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito (ODCCP por sus siglas en inglés) entre los años de 1995-2000, el tráfico de cocaína a través de Cuba fue de 12.8 toneladas, superior al resto de las islas de la región.

  Detrás de Cuba aparecen, entre otros países, Bahamas con 11 toneladas, Islas Caimán con 7.8 toneladas y Haití con 6.3 toneladas de cocaína.

  En el mismo período el tráfico de marihuana fue de 21.5 toneladas, cifra sólo superada por las Islas Caimán con 22.3 toneladas de la hierba, aunque Cuba dejó de
  informar en los años 1998 y 2000. En tercero y cuarto lugar aparecen Bahamas con 14 y Aruba con 13 toneladas, respectivamente.

  El estudio titulado Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas 2002, analiza la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, basándose en informes gubernamentales, de la Interpol y de organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra las drogas.

  ''Una de las fuentes que tomamos en consideración para estos estimados de tráfico son los informes anuales que los gobiernos rinden a nuestro organismo'', explicó
  Jennifer Hillebrand, funcionaria de la ODCCP para la región del Caribe con sede en Barbados. ''Las cifras de tráfico que aparecen en el informe se refieren a drogas incautadas por las autoridades'', agregó.

  Analistas consultados por El Nuevo Herald señalaron que las cifras que aparecen en el informe, referentes al tráfico de drogas, reflejan no solo la vulnerabilidad del país al narcotráfico sino también la eficacia de los gobiernos en su lucha contra las drogas, teniendo en cuenta que las mismas se basan principalmente en las confiscaciones realizadas por las autoridades.

  ''No hay muchos otros métodos para medir el tráfico de drogas, pero las incautaciones son un índice importante'', afirmó Rubén Cobas, funcionario de la Comisión
  Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, con sede en Washington. ''Son medidas indirectas pero válidas'', subrayó.

  A diferencia del resto de los países incluídos en el informe, Cuba no ha reportado cifras sobre producción ni consumo de drogas en la isla.

  Sin embargo el pasado 10 de enero el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, reconoció por primera vez, en un extenso editorial, que en la isla "existe un incipiente mercado de expendio y consumo de drogas''.

  Informes sobre los precios del mercado interno de drogas en Cuba indican que una piedra de crack, que los cubanos llaman ''cambolo'', se vende aproximadamente en $3, el gramo de cocaína en $25 y una tableta de éxtasis a $30. El precio de la marihuana se cotiza en moneda nacional y oscila entre 15 y 20 pesos el gramo, dependiendo de su calidad.

  El editorial de Granma, que hizo referencia a las cifras del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, sobre el narcotráfico en el Caribe, atribuyó el incremento de la drogadicción interna a ''delincuentes extranjeros'' que usan a Cuba ''no sólo como ruta de tránsito'' para el narcotráfico sino también para promover el consumo de drogas ``asociándose para ello a elementos locales''.

  La denuncia editorial de Granma coincidió con la II Conferencia Regional de Fiscalización de Drogas en el Caribe, auspiciada por Naciones Unidas, que se inauguró en La Habana el pasado 15 de enero.

  Una semana después, el 21 de enero, el gobierno cubano promulgó el Decreto-Ley 232 que, entre otras cosas, establece la confiscación de bienes agropecuarios,
  viviendas, locales y tierras, ``por hechos relacionados con la droga, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos''.

  En lo que expertos señalan como una clara referencia al auge de la producción interna de drogas, el artículo 7 de ese Decreto-Ley ``dispone la confiscación de las tierras y de los bienes agropecuarios del propietario que ``cultive la planta Cannabis Indica, conocida por marihuana, u otras de propiedades similares''.

  Además del cultivo, las causales de confiscación de tierras, incluyen ocultamiento, transporte o tráfico de cualquier tipo de drogas. La confiscación de tierras, también será aplicable cuando los delitos citados se cometan por otras personas ``siempre que la ocasión o circunstancias hagan suponer racionalmente, que son del conocimiento de los propietarios o usufructuarios de las tierras''.

  La medida no sólo afecta a los pequeños campesinos, sino también a las Cooperativas de Producción Agropecuaria y a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, antiguas granjas estatales.

  ''Hay una voluntad del país de aplicar dentro de la legalidad todas las normas administrativas que correspondan en función de enfrentar y extirpar el fenómeno de la
  droga, las ilegalidades y la corrupción'', dijo el vicefiscal general de la República, Carlos Raúl Concepción Rangel, en una entrevista publicada el martes en Granma.