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SANTIAGO

El Estado chileno presentó ayer una denuncia contra el ex dictador Augusto Pinochet ante el juez especial designado para investigar las supuestas cuentas secretas que el ex gobernante poseía en un banco estadounidense, días después de que las supuestas cuentas secretas saltaron a la prensa mundial. En la mañana, el presidente chileno, Ricardo Lagos, comentó en Nueva York que ``en Chile, nadie está por sobre la ley''.

El Consejo de Defensa del Estado, un organismo estatal autónomo que actúa como fiscalía pública, decidió recurrir a los tribunales para esclarecer, principalmente, el origen de los depósitos a nombre de Pinochet que estuvieron en el banco Riggs, por montos de $4 a $8 millones, entre 1994 y el 2002.

''A juicio de este Consejo y por los antecedentes recopilados, los actos presentan caracteres de delito. Solamente exponemos los hechos, para que sea la justicia la que persiga y esclarezca esta situación'', dijo el presidente del comité penal del CDE, Guillermo Ruiz Pulido.

''Sólo puedo decir que uno de los motivos es precisamente el esclarecer el origen de los dineros de estas cuentas'', agregó.

La denuncia pasó a manos del magistrado Sergio Muñoz, nominado sólo horas antes a raíz de otra denuncia interpuesta por la abogada de derechos humanos Carmen Hertz, esposa de una de las víctimas ejecutadas por militares pocos días después del golpe de 1973 que encabezó Pinochet.

En sus últimos años como juez, Muñoz ha sido reconocido como un experto investigador, que condenó a militares por el crimen de un conocido sindicalista durante la dictadura y actualmente indaga una red de pederastia que encabezaba un rico empresario.

''Es imperioso que en Chile, con toda transparencia y con toda exigencia, se investiguen las acciones de Pinochet, ya que ha hecho transferencias hasta al menos el año 2003 en forma lúcida y contradiciendo los últimos fallos de los tribunales chilenos de que está loco o demente'', dijo Hertz.

Muñoz asumirá como ministro de fuero, ya que el octogenario militar posee una protección jurídica especial como ex gobernante.

Pinochet, de 88 años, ha sido procesado en dos juicios de desafuero que buscan procesarlo por violaciones a los derechos humanos. Después del primer desafuero, el ex gobernante no pudo ser juzgado ya que la justicia le absolvió argumentando ''demencia''. El desafuero más reciente es aún apelable a la Corte Suprema.

A pesar de las numerosas acusaciones que Pinochet enfrenta por violaciones a los derechos humanos, nunca había enfrentado causas por delitos financieros.

La familia de Pinochet ha ido cambiando su versión respecto a la procedencia del dinero bajo sospecha.

En un inicio, negaron su existencia, pero después señalaron que se trataba de aportes de partidarios para financiar su defensa legal cuando estuvo detenido en Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón.

Sin embargo, ahora sus hijos sostienen que los fondos corresponderían a aportes privados de empresarios después del plebiscito de 1988, cuando fue rechazada la idea de Pinochet de mantenerse por otros ocho años en el poder.

''Sí sé que hubo donaciones de privados en el extranjero'', dijo Marco Antonio Pinochet a la radio local Agricultura.

''Donaciones que recibió cuando mi padre pierde el plebiscito y se ve enfrentado a este problema que se le venía encima ... sus opositores que lo querían llevar al banquillo. Era dinero para, de alguna manera, protegerlo'', agregó.

Según Hertz, el presunto ocultamiento de las cuentas habría afectado el ''interés'' de Chile, Estados Unidos y de España, ya que la justicia de ese último país ordenó el embargo de sus bienes a fines de la década de 1990, cuando Pinochet estuvo detenido en Londres a petición de Garzón, quien lo acusó de genocidio y crímenes contra la humanidad.